El Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que incluye el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y hospitales públicos, así como el endurecimiento de las condiciones para el ingreso y la expulsión de inmigrantes por delitos específicos.
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que estas medidas buscan establecer "un país ordenado que proteja sus fronteras y a los ciudadanos argentinos". Entre los cambios destacados, se habilitará a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, generando una fuente de financiamiento adicional para las instituciones educativas.
Asimismo, la atención médica gratuita para extranjeros será eliminada, dejando en manos de organismos nacionales, provinciales o municipales la definición de las condiciones de acceso. Adorni destacó el caso de Salta, donde medidas similares redujeron en un 95% la atención a extranjeros, generando un ahorro de 60 millones de pesos.
En materia de seguridad, la reforma contempla la incorporación de nuevos delitos que justificarán la expulsión de inmigrantes o impedirán su ingreso al país. Entre ellos se encuentran la comisión de delitos flagrantes, el uso de documentación falsa o la violación de normas migratorias. Además, se implementará una pena de prisión para quienes reincidan en ingresar al país tras haber sido expulsados.
Adorni subrayó que estas medidas buscan combatir los llamados "tours sanitarios" y limitar la llegada de "oportunistas" que, según el funcionario, perjudican a los ciudadanos residentes. "La doctrina garantista ha causado graves daños. Es momento de priorizar a quienes construyen y aportan al país", concluyó.