150 personas fallecidas cobraban pensiones por discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cruzó datos con el padrón del ex ministerio del Interior y se encontró con que 150 personas que habían muerto hasta cinco años atrás cobraban una pensión por discapacidad. 

En esa misma línea, semanas atrás, la agencia había detectado que 212 pensionados estaban presos. O sea, procesados y condenados recibieron una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Las auditorías internas llegaron a los tribunales de Comodoro Py.

Una auditoría de ANDIS detectó 150 beneficiarios fallecidos que figuraban con prestaciones activas, algunos con hasta 1.800 días de fallecimiento. Esto significa, casi cinco años después de fallecer, alguien cobró, durante ese tiempo, una pensión por invalidez. El fraude provocó un costo, aproximado, de 1.355 millones de pesos. Ese dinero fue cobrado por 102 instituciones prestadoras en todo el país.

Hasta el momento, el gobierno procedió a la baja directa de estos beneficiarios. No sólo de los últimos casos que involucran a personas fallecidas sino también a los presos que recibían pensiones. 

Entre los casos más llamativos se encuentra el de un hombre de 40 años, residente en La Matanza. Había recibido una pensión solo tres días después de iniciar el trámite el 28 de noviembre de 2023, incluso a pesar de que su auditoría médica resultó desfavorable, indicando que no cumplía con los requisitos necesarios, según manifestó Noticias Argentinas.

En las investigaciones se repiten las autorizaciones realizadas por Paula Martínez, la ex directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica. Manejó 3400 millones de dólares en la asignación de pensiones por invalidez en todo el país. Era la quinta caja más jugosa de la Argentina detrás de ANSES, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz. 

Durante su gestión, se entregaron 300 mil nuevas pensiones, miles de ellas, en los días finales de la gestión de Alberto Fernández.

El fiscal Guillermo Marijuán investiga el marco legal por el que se modificó la normativa para flexibilizar los controles.