Silvana Carrizo, presidenta del Bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, habló en El Ágora (martes de 21 a 22 por canal 10 de Super y vía Twitch) acerca del aumento de AGAP para los empleados públicos fijado por decreto de un 3% para este año y un 4,5% para el año que viene.
Explicó que a pesar de pasar por el Poder Legislativo, “solamente” deben decir si están de acuerdo con el aumento o no.
“El problema de esto es que la mala administración que hubo de los fondos de AGAP la está pagando el trabajador en actividad, que está aportando para que en un futuro cuando se jubile pueda acceder al 82% móvil”, sostuvo.
“Estos aportes que nosotros hacemos son fondos especiales y son de terceros, son míos, el Estado provincial no puede disponer de ellos. Yo tomé la decisión de aportar con estos fondos para que cuando me jubile me paguen el 82% móvil pero para eso, no para que ellos lo utilicen de otra manera. (…) No para que se otorguen créditos de CAPRESCA a tasa subsidiada (…) Y acá vamos nosotros a la inconstitucionalidad del incremento de estos aportes que estaría haciendo el Poder Ejecutivo”, aclaró.
Comentó que esperan debatir el tema en la Cámara de Diputados para que dichos argumentos de inconstitucionalidad sostenidos por el bloque puedan prosperar en una acción judicial. Aunque no se mostró “optimista” con los resultados que puedan tener en ese ámbito “por la intromisión que tuvo el Poder Ejecutivo en la designación de muchos magistrados”.
Por otro lado, expresó su preocupación por la rendición de cuenta de los municipios, por lo que presentaron una nota en conjunto con diferentes diputados al Tribunal de Cuentas para “saber si esos recursos que llegan a los municipios ya sea de la coparticipación o de los aportes extras que realiza el Poder Ejecutivo se traducen en beneficio de cada uno de los habitantes de esos pueblos”.
Explicó que las “inquietudes” con respecto a las rendiciones de todos los municipios hasta el año 2023 surgieron a partir de las denuncias radicadas por el intendente de Fiambalá Raúl Úsqueda, además del sumario que se está sustanciando en el Tribunal de Cuentas para la exintendenta Roxana Paulón.
“El Estado Provincial hace muchos aportes extras a todos los municipios de la provincia”.
Silvana Carrizo
Comentó que se encuentran recorriendo el interior provincial para analizar las obras que se necesitan y poder ponerlas sobre la mesa durante la discusión del presupuesto 2025, como parte de una “nueva estrategia parlamentaria” con la cual no quieren sólo esperar el listado de obras que propondrá el Ejecutivo.
“Esto también es producto de la transparencia que estamos buscando”, señaló.
La idea es posteriormente insistir en una nota de Auditoría por objetivo, que es una medida especifica que se puede pedir al Tribunal de Cuentas para el municipio de Fiambalá con puntos ya determinados en el que ellos consideran necesaria una auditoría. “Para que se den respuestas claras, más allá de la denuncia que hizo el intendente oportunamente”, manifestó.
“Tenemos una crisis institucional en la provincia donde ya hay confusión de los poderes directamente. Tenemos un poder Ejecutivo que lo que hizo como política de Gobierno es copar el Poder Judicial, copar el Tribunal de Cuentas, no tenemos organismos de contralor. Lo único que nos queda es la magra oposición que tenemos en la Cámara de Diputados porque en el Senado solamente tenemos 2 legisladores opositores sobre 16”, indicó.
“En abril el gobernador declaró 8 decretos acuerdos de distintas temáticas, dos días antes de que nosotros comencemos nuestro período ordinario, quitándonos la oportunidad de debatir (…) y hacer las modificaciones que se planteen desde los distintos bloques”.
Silvana Carrizo.
También cuestionó el fondo fiduciario minero, y preferirían volver al viejo sistema de distribución de las regalías mineras consagrado en la Constitución Provincial. “La herramienta jurídica del fondo fiduciaria es buena, el problema que nosotros estamos teniendo en la provincia es que el fondo fiduciario no ingresa a la Ley de Presupuesto de la provincia”, señaló.
"Nos tenemos que poner serios con la política minera (...) para que le quede la tranquilidad a todos los ciudadanos que esos recursos naturales limitados puedan volver y `derramen sobre todo el pueblo de Catamarca´"
Silvana Carrizo, diputada provincial
“Acá no sabemos nada, es un extra presupuesto que tenemos en la provincia y que nos lleva a sospechar que es una caja abierta y negra para fines electorales. Hay un Comité que administra el Fondo, son ellos quienes definen las obras, son ellos quienes definen las prioridades, son ellos quienes contratan directamente ya que no están sometidos dentro del sistema de contrataciones públicas”, expresó finalmente.
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