En un operativo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto al Ministerio de Seguridad, detuvieron a 14 prófugos de 131, algunos muy peligrosos, de la Justicia que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral.
“Luego de identificar a los beneficiarios prófugos que recibían las pensiones se citó a quienes residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires (PBA) a su correspondiente auditoría, con el objetivo de ponerlos a disposición de la justicia o efectivizar su encarcelamiento en caso de corresponder”, sostiene el comunicado del organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Según informaron fuentes oficiales, entre los prófugos detenidos había uno que tenía ocho antecedentes penales, otro una causa por intento de violación y un tercero por robo agravado.
“Ya se inició el procedimiento de baja inmediata de la pensión que percibían de parte del Estado Nacional”, remarcaron desde ANDIS. “El operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral”, agregaron.
“Este operativo es un paso decisivo en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de los recursos destinados a las personas con incapacidad laboral. El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, trabaja con el objetivo de transparentar el sistema y garantizar la optimización de los recursos públicos”, concluye el comunicado.
En julio, a través de una auditoría sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores, el organismo había detectado “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en US$3400 millones.
El Gobierno anunció entonces que pondría en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 de beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio. Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”.
Así lo dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni: “A diciembre de 2023 la cifra se ubicó en más de 1.223.000 beneficiarios, un número estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, en aquel momento Adorni mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas, de forma exprés, en menos de 30 días, cuando el trámite demora mucho más.
Para ejemplificar, el vocero hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez.
Asimismo, se detectó que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia, ya que en la imagen se puede ver la cola del animal.
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