La Secretaría de Transporte, bajo la gestión del Ministerio de Economía, presentó esta semana una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso gratuito al transporte de media y larga distancia a las personas con discapacidad frente a los reiterados incumplimientos de empresas del sector.
La acción legal fue impulsada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como mecanismo para que las empresas respeten la normativa vigente y no limiten el acceso de las personas con certificado de discapacidad a estos servicios.
Sin embargo, es el propio Gobierno el que había eliminado las normas que forzaban al sector a proveer estos servicios a principios de mes, explicó Infobae.
La CNRT multó e intimó durante las últimas semanas a más de 44 empresas, que se negaban a brindar los pasajes gratuitos exigidos por la ley, y desde el organismo expresaron que ese comportamiento estaría vinculado con la reciente desregulación interprovincial de pasajeros , establecida a través del Decreto 883/23, interpretada como una liberación de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad.
De acuerdo con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, la desregulación permite a las empresas del sector ajustar su oferta en función de la demanda, eligiendo libremente rutas, tarifas y horarios.
Sin embargo, Mogetta subrayó en sus redes sociales que esta medida “no libera a las compañías de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protección para personas con discapacidad”. Al respecto, el secretario enfatizó que la CNRT mantendrá controles estrictos y sancionará a quienes incumplan la normativa.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), los representantes del sector mostraron su rechazo a la reciente avalancha de sanciones y multas, argumentando que las empresas ya no cuentan con subsidios estatales y enfrentan una creciente presión financiera. Y que además, el costo económico de brindar pasajes gratuitos representa una carga desproporcionada sin el respaldo de subsidios estatales, que anteriormente compensaban parcialmente este tipo de servicios.
Argumentan que el cumplimiento de la normativa en el contexto de desregulación impone una competencia desigual entre las empresas, dado que los nuevos operadores pueden evadir estas obligaciones y aun así ofrecer los mismos servicios.
El representante de CELADI advirtió que, de no establecerse un acuerdo con el gobierno, las empresas del sector podrían iniciar acciones legales. Además, mencionó que ya se realizaron pedidos para que se conforme una mesa de trabajo junto al gobierno, con el fin de discutir las normas de implementación de la nueva regulación.
“Es tremendo lo que está sucediendo, vulnerando nuestros derechos”, expresó Griselda Bazán, de Apyfadim Catamarca a INFORAMA.
Desregulación
La desregulación del transporte interjurisdiccional introdujo una serie de cambios significativos en la operatividad del sector:
- Permitió que las empresas definan por sí mismas las condiciones de prestación, eliminando la clasificación de los servicios en público, tráfico libre, ejecutivo y turístico.
- Además, las empresas ya no están obligadas a realizar sus paradas en las terminales, un cambio que implica una reducción de los costos de operación asociados al “toque de dársena” que se abonaba en estas estaciones.
- El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, transfirió todas las operaciones de transporte interjurisdiccional de pasajeros a un modelo de competencia sin restricciones de entrada para nuevos actores.
- Con este cambio, la licencia que habilita a realizar transporte interjurisdiccional en el país dejará de ser obligatoria en los próximos meses, y se habilitarán operaciones tras una notificación de cinco días a través de una plataforma digital.
- También se eliminó el límite de 10 años en la vigencia de los permisos, un aspecto que flexibiliza aún más la entrada y salida del mercado para nuevas empresas.
- El control de los requisitos de seguridad seguirá en manos de las jurisdicciones locales, quienes estarán autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para realizar las inspecciones y exámenes correspondientes.
- En cuanto a las licencias, las autoridades indicaron que el registro de transportistas será público y en línea, facilitando a los nuevos actores la entrada al mercado y la asignación de recorridos.