Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, los fiscales de instrucción penal de las distintas fiscalías de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial de la provincia elevaron a juicio un total de 1.279 causas penales, de las cuales 114 corresponden a delitos contra la integridad sexual. Esta cifra representa el 9% del total de causas que llegaron a esta etapa judicial. Las estadísticas son actualizadas mensualmente bajo la supervisión de la Fiscalía General.
En detalle, la Primera Circunscripción Judicial, que incluye nueve fiscalías de instrucción, la Fiscalía Penal Juvenil y la Fiscalía de Violencia de Género, envió a juicio 75 causas por delitos de este tipo. En tanto, la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en Recreo y La Paz, elevó 16 causas relacionadas con violencia sexual durante el mismo período.
Todos los casos denunciados son investigados con un enfoque multidisciplinario, que incluye la participación de psicólogos y médicos forenses, asegurando un trato respetuoso hacia las víctimas y una recolección precisa de las pruebas. Los procesos judiciales abarcan desde imputaciones y audiencias de control de detención hasta presentaciones de las partes y oposiciones.
A partir de noviembre próximo, la Procuración General implementará un nuevo protocolo de investigación y litigación para los delitos contra la integridad sexual, con el objetivo de reforzar la coordinación y elevar la eficiencia en cada fase del proceso judicial.
Nuevo protocolo de Investigación y Litigación
La Procuración General de la Corte de Justicia ha aprobado la implementación del nuevo Protocolo de Investigación y Litigación de casos de violencia sexual, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Este protocolo será incorporado a nivel provincial gracias a un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El documento proporciona un enfoque jurídico detallado sobre la violencia sexual y sus diversas manifestaciones, abordando temas como las condiciones y características del consentimiento, así como los estándares internacionales aplicables a la investigación de estos delitos. Su aplicación en la provincia tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal frente a la violencia de género y sexual, contribuyendo a su prevención y erradicación.
El protocolo asegura que las actuaciones del organismo se ajusten a las normativas establecidas por las Leyes 26485 y 27372, que buscan proteger los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, y resalta la importancia de visibilizar el carácter estructural de este fenómeno social.