El Poder Ejecutivo presentó ayer un proyecto de ley para implementar el divorcio simplificado en sede administrativa y civil cuando la disolución del matrimonio es de mutuo acuerdo entre las partes.
De esta manera, se busca evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y recursos económicos para el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de abogados intervinientes.
"Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad", se señaló en los fundamentos del proyecto elaborado por el ministerio de Justicia.
"Sumado a ello, los divorcios judiciales generan un incremento del número de causas en el sistema judicial. Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes", acotaron desde el Ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona.
En este sentido, "se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esa manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”.
“El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado de Registro de Estado civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo”, indicaron de acuerdo con Noticias Argentinas.
Según se señaló, son varios los países tienen un sistema de divorcio administrativo o uno de divorcio notarial, entre los que se encuentran Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón.
En defensa de la institución del divorcio vincular matrimonial, en el texto del proyecto el Gobierno se rebatió la teoría de que la disolución formal del vínculo matrimonial “traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad”.
“Si bien las restricciones, prohibiciones y obstáculos al divorcio se basaron en el argumento de que facilitar el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad, esto no sucedió, más allá de un aumento en los divorcios inmediatamente posterior a la sanción de la ley 26.994, que fue producido por la acumulación de separaciones de hechos ya existentes que fueron transformadas en divorcios”, recalcaron.
“Asimismo, se sostuvo que el divorcio causaba deficiencias en el desarrollo de los hijos y otros efectos negativos, situación que fue estudiada a lo largo de los años y en la que se concluyó que en las familias disfuncionales no es el divorcio per se lo que tiene un efecto negativo en los hijos, sino que la situación de deterioro matrimonial, haya divorcio o no, es lo que genera estos efectos negativos”, concluyeron.
¿Cómo funciona el actual "divorcio exprés"?
Tras la reforma del Código Civil y Comercial, se estableció que el único requerimiento para que pueda llevarse a cabo un divorcio exprés es la voluntad de al menos uno de los miembros de la pareja. Con esa sola intención, el juez tiene la obligación de otorgar el divorcio, aunque la otra persona no esté de acuerdo. Tampoco es necesario explicar las causas que llevaron a tomar la decisión.
Cuando se cambió el Código Civil, en 2015, se llamó de manera coloquial al divorcio "exprés" porque desde ese momento ya no se necesita un plazo en el matrimonio para obtenerlo (antes había que estar casados por lo menos durante tres años), ni una causa explícita para realizarse (que en el código anterior, había que probarla).
Sin embargo, el divorcio en Argentina siempre tiene que pasar por un proceso judicial aunque ambos miembros estén de acuerdo, por lo que cada parte necesita un abogado y debe hacer una propuesta de cómo resolver cuestiones como la responsabilidad parental y la distribución de bienes, explicó Clarín.
Cuando solo una de las partes del matrimonio solicitó el divorcio exprés y presentó una propuesta sobre los bienes conyugales, se deberá notificar a la contraparte, que tendrá 15 días para revisar y analizar la propuesta.
El cónyuge podría rechazar la propuesta y ofrecer otra, en cuyo caso el juez convocará una audiencia para tratar el desacuerdo, pero ello no impedirá que dicte una sentencia de divorcio.
Si por el contrario, el cónyuge acepta la propuesta, ésta será la normativa que regirá las condiciones en las que se llevará a cabo el divorcio exprés.
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