En las últimas semanas, un docente universitario de 60 años interpuso una querella por calumnias en la Cámara Penal de Tercera Nominación contra su ex pareja, una mujer de apellido Romero, quien se desempeñaba en la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Luz y Fuerza de la provincia. La denuncia original de Romero lo acusaba de poseer material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes (antes mal denominado "pornografía infantil"), pero ahora ella se encuentra en una situación complicada tras la falta de pruebas que respalden sus afirmaciones.
La denuncia fue presentada en agosto de 2023, generando una serie de procedimientos judiciales. Sin embargo, en febrero de 2024, tras la inspección de los dispositivos electrónicos del docente, la fiscal de la causa, Valeria Reyes, determinó que no se encontró evidencia alguna que sustentara las acusaciones. Como resultado, solicitó al juez desestimar y archivar de la causa.
El docente, afectado por la denuncia, decidió interponer una querella por calumnias en la Cámara Penal de Tercera Nominación. De prosperar la acción legal, Romero podría enfrentar serias consecuencias, incluyendo la posibilidad de no poder ocupar cargos públicos en el futuro y la obligación de resarcir económicamente al profesor por los daños ocasionados.
Este caso resalta la importancia de la veracidad en las denuncias y las implicaciones legales que pueden surgir cuando las acusaciones resultan infundadas.