Sin consideración ni titubeo tras la multitudinaria marcha federal, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, con el argumento de que atenta contra el déficit cero. “El veto será total”, había anticipado a través de su cuenta de la red social X, horas después de la aprobación por parte del Legislativo.
Asimismo, señalaban como fundamento que la normativa no especificaba de dónde se obtendrían los recursos para aumentar el presupuesto de las universidades públicas de todo el país.
Entre los considerandos del decreto, sostuvieron que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.
Además, “que la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo Nacional es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía".
La decisión llega muy cerca de cumplirse el plazo de diez días hábiles con los que se cuenta para rechazar la medida. No obstante, el Gobierno dilató el veto hasta después de la marcha con la intención de reducir la convocatoria de sectores críticos de la gestión libertaria y evitar conflictos.
Otras voces, sostienen que el Presidente esperó hasta el día que coincide con la marcha federal universitaria para demostrar que su voluntad personal está por encima de la demanda social.
Esta es la segunda vez que el mandatario se sirve de este recurso, primero fue para rechazar la ley de movilidad jubilatoria.
En la Casa Rosada afirman que aún no tienen el compromiso asegurado del Pro para sostener el veto y, por ende, aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la normativa, afirmó el medio La Nación. Sin embargo, confían en el trabajo del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, para conseguir “voluntades” que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto anterior.
Sin embargo, las expectativas del oficialismo es que ocurra lo mismo que con el veto al aumento de las jubilaciones, cuando propios y aliados ratificaron la manda presidencial. La decisión de mover la bisagra hacia un lado u otro la vuelve a tener el radicalismo.
El Ejecutivo Nacional ratificó su postura después de finalizada la masiva convocatoria que congregó a organizaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales en todo el país, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
En el texto, la Casa Rosada señaló que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos” y calificó a la marcha universitaria llevada adelante este miércoles como “una manifestación política”. Además, habló de la existencia de un acuerdo entre dirigentes de la oposición en contra del oficialismo.
“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse en una nueva convergencia pública. Esta coalición objetiva deja en claro su intención de obstruir la consolidación del plan económico del Presidente. Se trata de un frente populista de izquierda, en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, expresó la comunicación oficial.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 3, 2024