La diputada Adriana Díaz (FdT), presentó un proyecto de ley con el fin de crear la “Campaña Provincial de Concientización sobre los efectos del Sharenting y la preservación de la Identidad Digital de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA)".
La iniciativa gira en torno al concepto derivado del inglés “share” (compartir) y “parenting” (crianza) sobre la difusión que hacen las familias en internet y en redes sociales de fotos, videos y datos íntimos de sus hijos. Incluye no sólo a sus padres sino también a los tutores y cuidadores.
“Aunque puede parecer una forma inocente de mostrar orgullo y conectar con otros, las implicancias de esta práctica son mucho más profundas de lo que muchos imaginan”, reza uno de los fundamentos del proyecto.
También expresa preocupación por la reutilización que puede hacerse de ese contenido, de forma “ilícita o malintencionada que pueda perjudicarles"." Así como la posibilidad de que alguien cree un `meme´ que llegue a ser viral”, señala.
El problema, dice el texto, “se produce cuando publican información de manera excesiva, el contenido es inconveniente, y/o no tienen bien configurada la privacidad y lo que suben a la red puede verlo cualquier persona desconocida”.
Algunos de los riesgos que esta situación provoca son:
- Facilitar la comisión de delitos contra los menores.
- Facilitar el secuestro digital y la creación de perfiles para su venta en sitios de pedofilia.
- Facilitar el robo de identidad.
- Facilitar el robo de datos personales.
- Grooming (acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales, consistente en acciones desplegadas generalmente por personas adultas, de cara a establecer contacto con fines sexuales).
- Ciberacoso o acoso cibernético (derivado del término en inglés cyberbullying), también denominado acoso virtual, es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una o varias personas.
De esta manera, el objetivo es elaborar políticas de prevención y concientización para la creación, diseño y difusión de campañas destinadas a tal fin en los medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos y digitales público o/y privados.
En ese sentido, piden al poder Ejecutivo Provincial que reglamente la ley en un plazo de 90 días en el caso de prosperar su aprobación.