El secretario de Seguridad de la provincia, Martín Miranda participó de la Comisión de Legislación General, en donde se debatió el polémico proyecto de ley que busca la instalación de inhibidores o bloqueadores de señal, y la prohibición del uso de teléfonos celulares, tablets y computadoras con conexión a internet a los reclusos del Servicio Penitenciario catamarqueño.
El funcionario explicó la postura del Ministerio en lo que se refiere a este tema: "Estamos de acuerdo con la utilización de inhibidores, más no con la prohibición". Comentó además, que son parte del Consejo Federal Penitenciario, que es una institución nacional en donde se comparten experiencias y se acuerdan los controles en las cárceles.
"La idea es que se establezcan inhibidores de señal a aquellos teléfonos que no están registrados en la institución carcelaria y que sean de uso de los internos", declaró y en el mismo sentido aclaró que hablaron con las empresas de telefonía celular de toda la Argentina y con el ENERCON, que es quien regula a estas empresas, para que encaren instalación de este sistema de inhibidores.
Estos bloqueadores de señal tienen un valor elevado, por lo que se pide intervención a las empresas de telefonía móvil, rondan los 5 millones de dólares y los 8 millones de dólares los inhibidores que se busca implementar en toda la argentina y que permite no bloquear la señal de los teléfonos que están autorizados, pero sí la que están no autorizados y registrados.
Ventajas de la conectividad
El funcionario habló sobre la ventaja que otorga el uso de la conectividad en el Servicio Penitenciario: "Lo auspicioso de la utilización de Internet en el ámbito de la justicia, tiene que ver con los traslados para las audiencias que se deben de hacer del penal a la sala de reuniones de la justicia, de la fiscalía y conllevan un gasto logístico importante, haciéndolas virtualmente, se ha podido determinar que es mucho más factible".
Otro punto que destacó es la utilización de internet para usos pedagógicos: "Se ha logrado llevar las clases virtuales y que algunos alumnos hayan podido terminar la secundaria o la primaria". También compartió la experiencia del penal bonaerense de Batán en donde el uso regulado de la conectividad logró reducir el nivel de conflictividad en convivencia entre los internos, lo que trajo aparejado una disminución del nivel de conflictividad con el personal penitenciario.
Miranda explicó que desde la pandemia por el ASPO (Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio), en casi todas las provincias se está utilizando la autorización del uso de celular, controlados con protocolos y demuestra ser beneficioso.
