El próximo jueves 5 de septiembre, las universidades nacionales de todo el país serán escenario de un paro nacional de 24 horas convocado por CONADU Histórica, con una convocatoria de movilización en la ciudad de Buenos Aires hacia el Congreso de la Nación. La medida tiene como principal objetivo exigir la aprobación en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, y también expresar el repudio al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción en Diputados, propone que el Ejecutivo actualice de forma bimestral las partidas presupuestarias para las universidades, ajustándolas según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Además, establece una recomposición salarial para docentes y no docentes de forma mensual a partir del 1 de diciembre de 2023, también ajustada a la inflación acumulada informada por el INDEC.
Sin embargo, las autoridades nacionales buscan que el proyecto no sea discutido en el Senado, poniendo en duda una convocatoria a sesión especial. En caso de que se apruebe, anticipan que Javier Milei vetaría la norma si no se puede financiar, al igual que ocurrió recientemente con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada la semana pasada.
El Plenario de CONADU Histórica no solo ratificó la medida de fuerza para el 5 de septiembre, sino que también advirtió que, en caso de que el Senado no apruebe la ley, propondrá un paro nacional de 72 horas la semana siguiente, acompañado de acciones de visibilización. Además, se confirmó la convocatoria a una Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública, que se realizaría la semana del 16 de septiembre.
En paralelo a estas movilizaciones, se ha denunciado que en la Universidad de las Madres, la Policía Federal, por orden de las autoridades de Educación y del Gobierno Nacional, impidió el ingreso de estudiantes, docentes y no docentes a sus lugares de estudio y trabajo, lo que ha generado una mayor tensión entre la comunidad universitaria.
Mientras tanto, aunque aún no hay una convocatoria formal, la oposición confía en que el Senado tratará el proyecto de ley el próximo miércoles. Si la Cámara alta lo aprueba, la Ley de Financiamiento Universitario se convertiría en realidad.