El fiscal de la Cámara, Alejandro Dalla Lasta, anunció una medida inédita en el ámbito judicial: un condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple agravado por la convivencia fue obligado a costear el tratamiento psicológico de la vÃctima.
La propuesta de esta medida surgió de la asesora de menores, quien argumentó que el costo del tratamiento es una forma de justicia que busca mitigar el impacto del delito sobre la vÃctima y proporcionar el apoyo necesario para su recuperación.
El fiscal Dalla Lasta destacó que, además de la pena de prisión en suspenso, el condenado tendrá que asumir esta responsabilidad económica como parte de su condena. En caso de que el condenado no cumpla con esta obligación, el incumplimiento será supervisado por el Juzgado de Ejecución Penal, una entidad independiente del tribunal que dictó la condena. Este organismo se encargará de asegurar que se cumpla con la medida impuesta y tomar las acciones necesarias en caso de falta de cumplimiento.
Esta medida tiene un carácter innovador y refleja un enfoque más holÃstico hacia la justicia, que no solo se centra en la sanción del agresor, sino también en el bienestar y la recuperación de la vÃctima. La implementación de esta obligación busca brindar un apoyo tangible a las vÃctimas de abuso sexual, reconociendo el impacto prolongado que estos delitos pueden tener en su salud mental y emocional.
Más Información
