La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se une a la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) en su rechazo a la modificación del artículo 48 de la ley N° 11.653 de Procedimiento Laboral. Este proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados provincial, propone una nueva fórmula para calcular las indemnizaciones laborales, aumentando la carga financiera sobre los empleadores.
Según el proyecto, el monto de la indemnización que se deba pagar al trabajador se actualizaría conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 6% anual. Esta actualización se computaría desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización, lo que podría resultar en un incremento significativo de las deudas laborales para las empresas.
El presidente de CAME, Alfredo González, enfatizó la posición de las entidades al señalar que no se oponen a pagar las indemnizaciones correspondientes, sino que abogan por una compensación justa y razonable. "No planteamos no pagar una indemnización, sino pagar lo que corresponde, sin intereses judiciales excesivos, y sin quitar los derechos adquiridos de los trabajadores", explicó González. Además, CAME ha presentado una demanda judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a lo que consideran intereses abusivos en juicios laborales.
Alberto Kahale, vicepresidente de CAME y titular de FEBA, expresó su preocupación por el impacto que esta modificación podría tener en el empleo. “Si se aprueba la modificación del artículo 48, nos obligará a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos dejará desamparados ante un eventual juicio laboral”, advirtió. Kahale también destacó que en la actualidad ya se están experimentando juicios cuyos montos se han multiplicado por cuarenta en el último período, lo que representa una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas.
La preocupación de CAME y FEBA se centra en que estas modificaciones a la ley laboral podrían conducir a la desintegración del sector pyme y un aumento de la desocupación. Las pymes, que son responsables de una parte significativa del empleo en el país, se encuentran en una situación delicada debido a la combinación de cargas fiscales, dificultades económicas y el impacto de juicios laborales.
Ambas entidades continúan haciendo hincapié en la necesidad de un diálogo constructivo con el gobierno provincial para abordar la problemática de las indemnizaciones laborales y buscar soluciones que protejan tanto los derechos de los trabajadores como la viabilidad de las empresas. La aprobación de esta modificación podría tener repercusiones significativas en el mercado laboral de la provincia y en la salud del sector empresarial.