El secretario de gobierno de la municipalidad de Valle Viejo, Rolando Contrera, aclaró que no renunció a su cargo, lo que había trascendido ayer en medio del revuelo causado por el pedido de juicio político a la intendenta Susana Zenteno.
"En ningún momento tuve la intención, ni tuve ningún tipo de dificultad ni de diferencia con la intendenta. Susana es una amiga de hace muchísimos años a quien acompañé en todo su período de gestión, en el primero y en lo que va del segundo período”, expresó a INFORAMA RADIO.
Y aseguró, en consonancia con lo dicho por el concejal Franco Iramaín, que esto es “una maniobra orquestada por un actor político de Valle Viejo (…) a sabiendas de la falta de legitimidad del planteo”.
Según explicó, la Carta Orgánica Municipal establece que para que se inicie un pedido de juicio político, este debe ser precedido de una denuncia que debe revestir una formalidad. “Primero que quien presenta esa denuncia debe ser el intendente o cualquiera de los concejales de Valle Viejo. Esa denuncia debe ser debidamente fundada, acompañada de pruebas y refrendada por el 5% del padrón electoral”, indicó.
Contreras también comentó que para el caso de presentar proyectos de ley por iniciativa popular, la Constitución Provincial exige el 1,5% del padrón electoral. “En Valle Viejo hay más de 40.000 habitantes, y en estos momentos tuvimos conocimiento que la nota presentada fue suscripta por 63 vecinos, entre los que figuran personas que acompañan políticamente al concejal Gerónimo Cabrera. Y nos informaron que la persona que presenta la nota en el Concejo Deliberante es un funcionario político que acompaña el equipo de dicho concejal”, añadió el secretario de Gobierno.
“Cabrera conocía perfectamente que no iba a prosperar este pedido de juicio político porque no reúne las condiciones establecidas por la Carta Orgánica para que así sea”.
Rolando Contrera, secretario de Gobierno de Valle Viejo
Contreras dijo que la nota tiene un contenido técnico muy prolijo, pero que no responde a las formalidades estipuladas. Entre esas fallas se encontrarían la falta de la autenticación de las firmas por parte de un funcionario público.
Por último, explicó que los argumentos esgrimidos podrían ser encuadrados dentro del mal desempeño de las funciones, pero que falta la reglamentación de la ordenanza que determinaría los alcances de ese concepto, estipulado en el artículo 140 de la Carta Orgánica. “Por lo tanto también carece de operatividad o aplicabilidad el procedimiento de juicio político”, señaló.
"Esto no va a prosperar, va a ser desestimado", finalizó.