La diputada María Argerich (FdT) presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo la creación del Programa Provincial de aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en la Administración Pública Provincial, cuya finalidad es promover la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia institucional, modernizar los servicios públicos y mejorar la toma de decisiones gubernamentales.
De ser aprobado, sería aplicado a todas las entidades y organismos pertenecientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Provincial, incluyendo ministerios, secretarías, entidades autónomas, instituciones descentralizadas y demás entidades que integren la Administración pública de Catamarca.
El documento sostiene que aplicar IA al Estado provincial permitirá “automatizar tareas, hacer más eficientes y ágiles procedimientos internos, asegurar la transparencia de la gestión y mejorar la interacción con la ciudadanía”.
El proyecto mencionó a PROMETEA, el sistema que usa esta tecnología para preparar automáticamente dictámenes judiciales, y remarcó su “pleno funcionamiento en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Corrientes y Santa Fe”.
También aclaró que actualmente no existe una ley específica que regule los alcances y el uso de la IA, sin embargo, existen diferentes leyes que dan marco a la misma.
Asimismo, Argerich planteó la necesidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada a través de estos sistemas. Por lo que “los organismos de aplicación designados en cada poder del Estado, deben establecer medidas rigurosas de protección de datos personales y seguridad cibernética, en conformidad con la ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales. A dichos fines cada Poder debe elaborar un protocolo de actuación y de tratamiento de datos personales”.
Finalmente, la iniciativa prevé tanto la capacitación técnica del personal que estará abocado a dichas tareas, como la “comprensión de los principios y aplicaciones prácticas de la IA en el contexto administrativo, legislativo y jurídico” y la realización de adecuaciones presupuestarias.
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