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Díaz criticó el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad: "El porcentaje de menores que cometen delitos es ínfimo"

Según la legisladora, el porcentaje de menores de edad que cometen delitos es ínfimo y las estadísticas señalan que los delitos cometidos por menores de 16 años han bajado en los últimos años.

La diputada Adriana Díaz y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó el proyecto presentado en el Congreso por el Gobierno Nacional que pretende bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

Sobre este aspecto, sostuvo que “el porcentaje de menores de edad que cometen delitos es ínfimo y las estadísticas señalan que los delitos cometidos por menores de 16 años han bajado en los últimos años”.

“Los adolescentes punibles, es decir aquellos entre 16 y 17 años que cometen delitos representan apenas un 2 por ciento del total nacional y los no punibles, es decir los niños (porque eso son: niños) (...) son apenas un ínfimo porcentaje que no alcanza al 1%”, indicó.

Además, dijo que ya existen medidas que permiten trabajar al respecto para impedir que niños, niñas y adolescentes cometan delitos. Y aseguró que lo que pretende el gobierno de Milei es sancionar más leyes punitivas antes de cumplir las leyes ya vigentes.

“Incluso ya desmanteló las instituciones estatales como la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) cuya función era trabajar, entre otras cosas, con niños que estuvieran en conflicto con la ley penal”, agregó.

Explicó que “con las políticas de hambre del gobierno nacional, son cada vez más los NNyA que ingresan cada día bajo la línea de pobreza y no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Entonces lo que debo pensar es que con este proyecto sólo busca administrar y penalizar la pobreza”.

Bajo este panorama, brindó como solución "pensar más en derechos y menos en punitivismo y medidas de encierro". "En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061".

Y finalmente insistió en la necesidad de crear en el orden nacional un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos.