El caso del Polo Obrero y su líder es el más avanzado en cuanto a las denuncias que se realizaron contra los grupos piqueteros. En estas se reunieron pruebas sobre extorsiones y amenazas a los beneficiarios de los planes sociales, además de documentación sobre el manejo de los subsidios que recibían del Estado, que de acuerdo con el medio La Nación, serían "contundentes".
Asimismo, sostuvo que la Justicia acumuló fuertes indicios de que el dinero salía de las arcas públicas, pasaba a través de un sistema de cooperativas y empresas fantasmas con facturas truchas y cheques redirigidos, y volvía a los bolsillos de la política. Por lo que el 25 de junio, el líder piquetero y referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni deberá presentarse en Comodoro Py a indagatoria en el juzgado de Sebastián Casanello.
El diario La Nación habría accedido a una serie de cheques y posteriores rendiciones al Ministerio de Desarrollo Social que lo complican todavía más, porque la firma de Belliboni aparece en todo el circuito de dinero, aseguraron.
Lo que reveló que los destinatarios finales de los fondos que se pagaban en concepto de computadoras, software y otros bienes, en realidad, no eran los supuestos vendedores, sino la empresa que está detrás de la propaganda del Partido Obrero.
Estos elementos fueron incorporados como indicios de una ruta del dinero destinada a quedarse con parte del dinero de los subsidios a través de facturas apócrifas.
¿Cuál es el mecanismo investigado?
El recorrido es el siguiente: el dinero habría sido transferido del Estado Nacional a las cooperativas del Polo Obrero que gestionaban los planes. Estas eran la Cooperativa El Resplandor Ltda y la Asociación Civil Polo Obrero. Luego, las cooperativas supuestamente “compraban” o “adquirían servicios” a empresas para proveer de insumos de trabajo a quienes recibían los planes. Esos pagos se realizaban con cheques a sociedades vacías como Coxtex, que la Justicia investiga como una posible usina de facturas truchas. Los cheques, sin embargo, estaban dirigidos a otras empresas que redirigieron el dinero a un destinatario final común: Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, que está detrás del semanario Prensa Obrera y tiene domicilio fiscal en la sede oficial del Partido Obrero.
La periodista Camila Dolabjian, explicó que La Nación había revelado que las direcciones, los escribanos y abogados que figuran detrás de estas sociedades aparecieron en otros casos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Los domicilios fiscales de estas empresas, llevarían a otras personas relacionadas con casos de facturas apócrifas y con vínculos con la política, como Franco Bindi, abogado cercano a Lázaro Báez y Leonardo Fariña, y Norman Próspero, detenido por el caso de Leonardo Cositorto por estafa.
Los profesionales vinculados con los documentos firmados, como Juan Bautista Derrasaga y Ana Palesa, fueron acusados de constituir sociedades fantasmas con personas en situación de vulnerabilidad para armar “pantallas” en tramas narco como Carbón Blanco, personas involucradas en los Panamá Papers y en el círculo de empresarios vinculados al condenado extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Coxtex no sería ni siquiera la que más facturación tuvo en los últimos años y el Polo Obrero no fue el único cliente. Las otras tres empresas se llaman Ciriaco Shoes SRL, Recinsur SA y VSP Consulting SA.
La semana pasada, el juez Casanello ordenó una serie de allanamientos alrededor de estas sociedades, incluidas la imprenta y un departamento del piso 12 de la calle Maipú 311, que estuvo en la mira judicial en otras causas por lavado de activos, “cuevas” financieras, evasión tributaria y facturas truchas.