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Luz verde en Diputados para crear el Consejo de Lucha Contra la Trata de Personas

La iniciativa de Adriana Díaz, Claudia Palladino y Mónica Zalazar  que propone la creación del "Consejo Provincial de lucha contra la Trata de Personas, Explotación Sexual y Laboral, con enfoque de Derechos Humanos".

El objetivo de la ley es el de constituir un ámbito permanente de acción y coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, con enfoque en Derechos Humanos, para el seguimiento de todos los temas vinculados a la lucha contra la Trata y Explotación de personas.

En sus fundamentos, las diputadas señalaron: “Ante la decisión del gobierno nacional de desmantelar la política pública en la materia, consideramos que el Estado provincial debe hacer valer la experiencia y el conocimiento producido en la Mesa interinstitucional y conformar un Consejo Provincial, permanente, interinstitucional e interdisciplinario”.

 “El Gobierno tomó la decisión arbitraria de desvincular a los delegados y delegadas nacionales pertenecientes al Comité de Lucha Contra la Trata, incluida la delegación de Catamarca, esto trae como consecuencia directa y gravísima la eliminación de toda la estructura federal de asistencia y protección integral a las víctimas de este delito. Las mesas interinstitucionales realizaban tareas de prevención, visibilización, fiscalización, rescate y asistencia a las víctimas”.

Además, explican que en este marco “se suman los despidos de trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Programa Nacional de Rescate (PNR) y Ministerio de Trabajo de la Nación, organismos que forman parte de estas mesas interinstitucionales y están vinculados en forma directa a la Lucha Contra la Trata y Explotación Laboral, y ahora quedan con menos personal”.

“Más allá de las decisiones arbitrarias tomadas por el Gobierno Nacional, nuestra provincia debe continuar con la defensa de los derechos y la protección del bienestar físico, mental y social de las personas y de sus comunidades, y con la promoción de la sostenibilidad a través del desarrollo de la capacidad institucional para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las personas víctimas de trata y explotación laboral”, concluyen.

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