El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que se encargan de brindar atención legal primaria a la población para garantizar el acceso a la Justicia. La decisión fue publicada en un comunicado en las redes sociales, luego de una auditoría que sustentó su clausura por considerarlos "ineficientes y un gasto para los contribuyentes".
De 110 quedarán 24 Centros de Acceso a la Justicia en todo el país. El cierre de 81 de ellos, que se suman a los cinco que ya habían bajado la persiana y dejan entrever que generará una ola de despidos. Según se pudo conocer, en los CAJ trabajaban 500 personas, entre administrativos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, el abrupto cierre de estas oficinas promete sumar centenares de estatales a los 120 despidos registrados en el área hasta la fecha.
Catamarca
Catamarca cuenta con Centros de Acceso a la Justicia desde el diciembre del 2016. Son dos CAJ, uno ubicado en el Hospital de Belén (Av. Calchaquí 61) y otro en Valle Viejo (Parador municipal, Tres Puentes). Este último cuenta con cuatro trabajadoras activas, (2 abogadas, 1 trabajadora social y 1 psicóloga), arrancaron el año siendo 6 pero sus 2 secretarias fueron despedidas.
Según la información a la que pudo acceder INFORAMA, los CAJ de la provincia se verán afectados en este "cierre de otra caja política", como califican desde el gobierno mileísta. En la provincia los tema más recurrente son el reclamo de cuotas alimentaria, desalojos, obstáculos en las tomas de denuncias en comisarías y unidades judiciales, además de acompañar a realizar denuncias a las personas más vulnerables articulando con la facultad de derecho, así quienes no pueden pagar el servicio de un abogado, obtengan patrocinio gratuito en temas de familia.
Región NOA
El noroeste argentino cuenta con once oficinas en seis provincias: Catamarca, Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. “Desde el 1 de enero hasta el 6 de junio del 2024 llevamos atendidas 7.788 consultas y 20.044 gestiones”, cuenta el coordinador Ezequiel Álvarez, y refiere que “las tres primeras demandas de la población son Asuntos relativo a Derecho de Familia (2112 consultas); Acceso a documentación personal (1429 consultas) y Acceso al sistema de seguridad social (1298 consultas)”.
“La región cuenta con 30 trabajadores distribuidos en los 11 centros, arrojando un promedio de 2,7 agentes por CAJ. Es algo muy lejano a los 13 agentes por centro denunciado por el ministro Cúneo Libarona, y resulta absurdo pensar que 30 trabajadores para una región de más de 5 millones de habitantes son la causa del déficit fiscal”, completó.