La presidenta de la Cámara de la Construcción, Anahí Díaz, expuso los graves efectos que tuvo la paralización de la obra pública en Catamarca, una situación que afecta tanto a la economía local como a los trabajadores del sector.
A nivel nacional, esta paralización resultó en la pérdida de más de 50.000 empleos, y en Catamarca, aproximadamente 5.000 personas se quedaron sin trabajo directo, con numerosos subcontratistas también afectados.
En diálogo con la prensa, Díaz explicó que las empresas de construcción en la provincia están enfrentando desafíos extremos, incluida la necesidad de renegociar contratos, ya que los precios originales no reflejan la realidad económica actual. "Hemos estado en permanente diálogo con el gobernador de la provincia, quien siempre ha marcado la necesidad de tener una postura de diálogo para poder resolver esta situación tan delicada que estamos atravesando", señaló.
La situación se agravó cuando se decidió paralizar las obras públicas, obligando a las empresas a tomar decisiones drásticas como la reducción del personal y el pago de indemnizaciones. "Las empresas, lamentablemente, tuvimos que tomar decisiones extremas como reducir el plantel de personal, lo que implica pagar las respectivas indemnizaciones, trasladar todos los materiales que teníamos en obra, algunos a depósitos, en algunos casos se tuvo que alquilar depósitos", explicó.
Sin embargo, hay un rayo de esperanza. La administración del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) informó sobre la intención de reactivar las obras de su organismo. "La administración del IPV nos informó que es la intención de volver a reactivar las obras de ese organismo", destacó, lo cual podría ser un alivio para el sector de la construcción en la provincia.
A pesar de esta intención de reactivación, la situación de las empresas sigue siendo extremadamente delicada. Las conversaciones con el gobierno provincial y el IPV se basan en encontrar soluciones viables para reactivar las obras lo antes posible.
Otro aspecto clave es la renegociación de los contratos vigentes. Los precios acordados originalmente ya no son válidos en el contexto económico actual, afectado por la inflación y otros desafíos financieros.
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