Javier Silva, encargado del registro del automotor, dijo que se encuentran “en una situación de incertidumbre” luego de que el Gobierno Nacional anunciara el cierre del 40% de los registros automotores del país, junto con otras medidas que impactarán en la gestión de vehículos a nivel nacional.
En ese sentido, comentó que si bien fue una comunicación de presidencia, todavía no está formalizada. Y frente al cuestionamiento que hace la gestión nacional actual, explicó que “los registros automotores generan mucha recaudación para el Estado, sumado a que brindan un servicio eficiente (…) Son cosas a tener en cuenta más allá de la seguridad jurídica”.
Al respecto, sostuvo en diálogo con INFORAMA RADIO que no se sabe con exactitud cómo se van a tomar estas medidas, de qué forma, qué parámetros van a usar: “Hablan de los registros intervenidos en primer lugar. En mi caso no estoy intervenido, soy encargado titular, pero más de la mitad de los registros en el país están intervenidos. Intervenciones que en definitiva son por licencia del titular o por enfermad o porque hubo alguna mala administración, o por gente que está pero que no pudo concursar en su momento porque los concursos no salieron en sus registros. Entonces habrá que ver qué parámetros toma el gobierno en este caso para poder avanzar con esta reducción”.
“Es una situación de incertidumbre (…) para los encargados y también para los empleados de los registros que no son pocos”.
Javier Silva, titular del Registro del Automotor
En cuanto a la disposición sobre la eliminación de la cédula azul y del vencimiento de las cédulas verdes como mecanismos de simplificación de los requisitos para circular, Silva dijo que aún no cuentan con la instrumentación de la medida.
“Para mí no sería una medida correcta ya que eso iría en contra de lo que es el espíritu del sistema, de que cuando se vende un vehículo se debe transferir a la otra persona para formalizarlo, por las responsabilidades tanto tributarias como responsabilidades civil que hay ante un accidente, porque con ese criterio, se abriría una cadena de ventas siempre con esa misma cédula”, expresó.
“Vendes un auto que fue tuyo, pasas tres, cuatro, cinco vendedores con la misma cédula en nombre tuyo y no habría o no se generaría obligación de transferir. Lo cual me parece que es una medida que no se evaluó con todo el razonamiento que corresponde en relación a la ley aplicable”.
Javier Silva
A su vez explicó que los encargados o interventores son autoridades públicas, pero el registro es un organismo público con gestión privada. “Es decir, nosotros no cobramos sueldo del Estado, ni los encargados, ni los empleados. Los empleados dependen de nosotros (…)En definitiva, si bien tenemos un público cautivo, de lo que se genere es lo que resulta para pago de sueldo, gastos y demás”, aclaró.
Asimismo, comentó que cuando uno va a hacer un trámite en el registro, el mayor porcentaje de dinero que se paga es de impuestos municipales, provinciales o nacionales.
“Por ejemplo, de 10 pesos que se pagan 7 son impuestos o multas que se pagan a municipio, 2 son para el Estado Nacional y uno queda para el Registro, con el que pagamos el sueldo de los empleados, los aportes, compramos los insumos para trabajar, las chapas, los legajos y demás, todo lo que significa el funcionamiento normal del registro”, puntualizó.
Finalmente, destacó que sin su intervención se puede dar lugar a un circuito negro de compra venta de vehículos, y permitir el accionar más libre de autopartistas, “una situación que hace mucho que no se ve o está minimizada o reducida a la mínima expresión hoy”.
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