La iniciativa fue presentada por el diputado Tiago Puente (UCR) y enriquecida con aportes de las y los legisladores. Este proyecto propone un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades dirigidas a todas las personas que ocupen cargos públicos, sin excepción de nivel o jerarquía.
Durante la sesión, Puente explicó que el objetivo principal es prevenir la corrupción y mejorar la calidad republicana, promoviendo la transparencia en la gestión pública y fomentando la participación ciudadana. Indicó que una de las piedras angulares es la transformación del régimen de declaraciones juradas, otorgando un carácter público a estas, y permitiendo un acceso libre y directo a las mismas. El diputado remarcó que este aspecto representa un avance significativo para la sociedad civil, ya que facilita conocer los bienes, ingresos y antecedentes laborales de los funcionarios públicos.
También señaló que la iniciativa prohíbe expresamente el nombramiento de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad por parte de funcionarios con facultades de designación para garantizar una administración más transparente y ética.
Desde el bloque del Frente de Todos, Adriana Díaz destacó la importancia del proyecto en el contexto de demandas ciudadanas por una gestión pública íntegra y eficiente puesto que "la sociedad demanda resultados óptimos en una gestión de asuntos públicos y tiene expectativas sobre el buen actuar de funcionarios y funcionarias públicos". Además, subrayó la urgencia de generar confianza en la ciudadanía a través del cumplimiento riguroso de las normativas éticas.