Ayer se registró un nuevo hecho que confrontó los intereses de los trabajadores de la empresa minera Elevado Gold y la Comunidad Indígena de Peñas Negras, que según se informó, lleva más de dos años sin resolverse .
Según se difundió mediante un comunicado emitido desde los pueblos originarios, en este último episodio, “se presentó la infantería, escoltando a las camionetas mineras, y haciéndolas pasar por la fuerza el territorio de la comunidad de Peñas Negras en Ciénaga Redonda, pese al bloqueo que los comuneros habían comenzado contra el personal la empresa minera, produciéndose luego en el cerro una represión con disparos de balas de goma y apaleos en los que uno de los comuneros más ancianos de la comunidad, don Félix Escalante, resulta lastimado”.
El documento mencionó además, que “ya en una Asamblea que había tenido lugar el 25/7/2023 entre la Comunidad Indígena de Peñas Negras y la Secretaria de Minería, la Sra. Teresita Regalado y el Director de Afirmación de los Derechos Indígenas de la Provincia, el Sr. Emmanuel Fiol, se había dejado constado bajo acta que la Comunidad no daba su consentimiento para que la empresa Elevado Gold realice ningún tipo de estudio en su territorio y se pedía que la misma deje de hostigar y perturbar su vida comunitaria”.
No obstante, señalaron que “el 7/2/24, el Ministerio de Minería renueva el permiso a esta empresa (Resolución Nº RESGE-2024-46-ECAT-MM, RESOLUCION DE APROBACION DE IIA. PROYECTO “AGUAS CALIENTES I, II Y III), en contra de la voluntad manifiesta de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, en cuyo territorio se localiza el pedimento”.
El texto también destacó que la comunidad en cuestión, se habría entrevistado en varias oportunidades con el gobernador Raúl Jalil y el exministro de Gobierno, Jorge Moreno, a quienes les habrían manifestado que no daban su consentimiento al proyecto minero por atentar contra su modo tradicional de vida y su “Buen Vivir”.
Por lo que, en el texto denunciaron públicamente al Estado Provincial como “cómplice de esta situación de violencia que hoy está sufriendo la Comunidad Indígena de Peñas Negras, que no se está respetando su derecho a la consulta previa, libre e informada ni su derecho a la libre determinación”. También lo acusan de ser “responsable de violencia y hostigamiento institucional, tanto por omisión como por acción, entre los que cabe mencionar la persecución judicial de los comuneros como las extralimitaciones de las fuerzas de seguridad”.
Antecedente del conflicto
Conforme explica el mismo documento, esta situación se reavivó en las últimas semanas cuando los empleados de la minera quisieron ingresar “por la fuerza” al territorio comunitario acompañados por policías de la provincia, “con el objeto, al parecer, de llevar a cabo estudios de prospección en el cerro Alto de Salle, donde se localiza el pedimento minero Alto El Mulato” situado al norte del departamento Belén.
En esa circunstancia, “los policías, sin orden judicial alguna y el papel de pistoleros de la empresa, trataron de abrir paso al grupo de empleados de la empresa diciendo que ellos `eran la ley´ y que las familias comuneras y las autoridades indígenas `no eran nadie´ y que tenían que dejar que pasen los mineros”, explicaron.
Mientras que, “la gerenta de relaciones comunitarias de la empresa, Olga Reynoso, les mostraba un contrato de pastaje firmado entre la familia terrateniente y el cacique de la comunidad vecina de Aguas Calientes, pretendiendo desconocer la posesión comunitaria indígena de las tierras que actual y ancestralmente ocupan”, sostiene el documento.
De esta manera, habrían logrado ingresar por la fuerza “junto a 20 personas, rompiendo puestos y corrales”. También habrían llevado alimentos y animales de la Comunidad, hechos que según se relata, fueron denunciados por el Cacique de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez en la Fiscalía de Belén el pasado 27 de marzo.
Dadas estas situaciones, “las familias comuneras de Peñas Negras llevan días organizando guardias en el cerro para no dejar que suban los mineros, además que la policía había empezado ya a perseguirlos, llegándose a sus casas con supuestas citaciones”.
“A lo cual, la fiscal de Belén, Marina Villagra (que ya previamente había imputado al cacique Sebastián Gutiérrez y perseguido judicialmente a comuneros de Peñas Negras y las cacicas que los acompañaban en su lucha territorial), ordena el 29 de marzo que se conforme un destacamento policial en Aguas Calientes ´con el objetivo fundamental de protección tanto de los pobladores de ambas comunidades (Aguas Calientes y Peñas Negras) como también del personal de la Minera Elevado Gold, hasta tanto se cumplan las tareas autorizadas por el Ministerio de Minería…”, agregaron en el texto.