En medio de una fuerte crisis del sector educativo, la diputada provincial y secretaria General de APUNCA, Gladys Moro, realizó un descargo en redes sociales en el que cuestionó un proyecto de Ley impulsado por el senador nacional, Flavio Fama junto con otros representantes de la UCR que propicia reformas al Sistema Educativo Nacional.
La iniciativa, que tuvo ingreso en la Cámara Alta de la Nación, busca que se declare a la educación como "servicio público esencial". De esta manera, "se pretende garantizar el pleno derecho a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades, como lo establecen los artículos 14 y 75, incisos 18,19 y 22 de la Constitución Nacional", de acuerdo a la propuesta.
Al respecto, Moro sostuvo que “lejos de cualquier motivación relacionada con el bienestar general, y menos educativo, el senador Fama, quien durante 17 años fue rector de la Universidad Nacional del Catamarca, después de transitar otros tantos como docente por sus claustros, olvida, esencialmente, que la educación en un DERECHO, NO UN SERVICIO”.
“En la propuesta de reforma legislativa de Fama, se transforma a la educación en un `SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL´, haciéndole el juego y el `servicio´ o `favor´ (aquí si cabría el término) a las pretensiones del Gobierno Nacional del presidente Javier Milei, que, solapadamente, busca limitar el derecho a la huelga”, agregó en el descargo.
Moro también hizo hincapié en la distinción entre “declarar a la educación como servicio esencial” con “considerarla pública, como central, constitutiva, sustancial y un derecho social y humano, indispensable para el desarrollo del pueblo y que debe garantizarse desde el Estado”.
Luego citó la legislación nacional e internacional que avala la definición de educación como un derecho, entre ellos nombró el Preámbulo y los artículos 5 y 14 de la Constitución Nacional. Asimismo, el art 75 inc. 22 de la Carta Magna Argentina, que incluye diferentes Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Finalmente, la dirigente dijo que este proyecto tiene el verdadero fin de “coartar los justos y legítimos reclamos sindicales", lo que “abiertamente repudia”.
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