Por Lourdes Costanzo

• Instagram

15 de marzo de 2024

Más de 45 empleados se enfrentan a la incertidumbre y la preocupación por la no renovación de contratos en lo que solía ser el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con contratos no renovados, algunos con hasta 25 años de servicio, los trabajadores expresaron su angustia por el futuro laboral y la falta de opciones de reubicación.

Según una fuente consultada por INFORAMA, se estima que alrededor de 600 empleados se encuentran dentro de lo que ahora es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familias (SENAF), todos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano. La no renovación de contratos dejó a muchos en una situación de vulnerabilidad y sin garantías laborales.

"Estoy mal hoy, es terrible. Hoy son 45 por lo que me dicen, aproximadamente los que se les estaría notificando", expresó la misma fuente sobre el cese de las renovaciones contractuales.

Los trabajadores afectados se encuentran en distintas áreas, desde programas de desarrollo social hasta agencias de discapacidad.

La mayoría de los empleados en el ex Ministerio de Desarrollo Social se encuentran bajo contratos con renovación anual, lo que complica aún más la situación laboral. "Los de contrato por año pasan a no tener más renovación, así que el primero de abril sería su último sueldo", explicó a este medio uno de ellos.

La no renovación de estos contratos implica la desvinculación de los trabajadores, quienes enfrentan la incertidumbre sobre su futuro laboral y la posibilidad de no poder concursar para obtener una plaza permanente por llegar a 10 años de servicio.

Precariedad escondida

Los despidos masivos también evidenciaron la precarización laboral a la que están expuestos los trabajadores bajo el sistema de contratación por año. Muchos de ellos llevan años desempeñando sus funciones en el área, pero se encuentran ahora sin garantías de estabilidad ni continuidad laboral.

Ante esta situación, los afectados y sus representantes sindicales exigen respuestas y soluciones por parte de las autoridades, así como garantías de protección para los trabajadores y sus familias.