La directora de Defensa del Consumir, Mónica Avellaneda, comentó que recibieron muchas denuncias de padres, que afirmaban que en los colegios privados se les cobraba un recargo cuando no pagaban de contado. Ante esta situación, explicó las medidas tomadas.
“Debimos intervenir en forma preventiva por diversas denuncias que venimos recibiendo de padres, respecto del aumento o el recargo que sufrían cuando pagaban con un medio de pago que no fuera de contado. Hacían diferencia en pagos con tarjeta de crédito, débito y otros medios alternativos, recargos que están prohibidos por la Ley de Tarjeta de Crédito y la Resolución E 51/2017de la Secretaría de Comercio que establece que esa prohibición y que se hace extensiva a todos los medios de pago como ser billeteras virtuales, código QR, etc”, detalló Avellaneda a TVEO.
“Entonces, a raíz de esas denuncias intervinimos preventivamente para evitar que se produzcan estos recargos recordando cuáles son las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios respecto de la prohibición de cobros de recargos en estos medios que mencioné”, detalló.
Comentó que hasta el viernes habían recibido 33 denuncias: "Hicimos posteos y a raíz de eso, fue automática la recepción. Es algo que estaba preocupando a muchos padres, evidentemente, y el viernes iniciamos con esta campaña, que todavía no terminamos. La idea es evitar que se produzcan este tipo de conflictos entre los consumidores y los proveedores de bienes y servicios, en este caso, los proveedores de servicios educativos”, relató.
También aclaró que Defensa del consumidor no tiene competencia para controlar precios. “No la hay, nunca la hubo. Nosotros no intervenimos ante la variación de los precios porque es el consumidor el que tiene en definitiva el poder de elegir si sigue con el servicio o no, o si plantea su conflicto”, en alusión a la autorización para aumentar la cuota de los Colegios Privados determinada la semana pasada.
“En general siempre nos linkean con el control de precios porque nosotros prestamos colaboración con los programas voluntarios de precios de nación. Es más, estos programas de precios que estaban vigentes, como Precio Justo, corresponden a un acuerdo que hicieron los comerciantes con la Autoridad Nacional. Pero era un acuerdo de precios, no es que se pueda fijar precios máximos”, puntualizó.
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