El Gobierno dará de baja 138 contratos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y analizar seguir con los recortes en otras áreas. Según trascendió hay 90 contratos que no se renovarán a fines de marzo y 48 que se van a discontinuar.
Desde el Ejecutivo expresaron que “el INCAA es un organismo sobredimensionado” y que “ya se dieron de baja flotas de celulares, se restringieron los viajes en avión, los viáticos y todos los gastos evitables”. Se trata de un ente público no estatal que depende de la secretaría de Cultura que lidera Leonardo Cifelli.
En el presupuesto de 2023, tuvo asignaciones por $10.778.658.800 de los ingresos corrientes y fijó gastos en $10.483.012.993. Cuenta con 645 empleados: 500 son de planta permanente y 145 son temporarios. Tiene 15 directivos, 90 técnicos y 395 administrativos.
Se financia a través del Fondo de Fomento Cinematográfico (ley 17.741) que se compone de impuestos a la cultura. Estos incluyen el 10% sobre el precio básico de toda localidad para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país y el 10% sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado.
El INCAA recibe también el 25% del monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional en relación con el monto de facturación que establezcan los titulares de los servicios de comunicación audiovisual.
“Serán gravados con las alícuotas consignadas en la categoría ‘Otros Servicios’ los ingresos provenientes de la realización mediante el servicio de comunicación audiovisual de concursos, sorteos y otras actividades o prácticas de similar naturaleza, con excepción de aquéllos organizados por entidades oficiales”, expresa el artículo 94 de la ley 26.522.
El INCAA se financia también por los derechos de clasificación y exhibición de películas para cine, lo recaudado por venta de entradas de cine en la red de salas “CINE.AR Sala” y en el festival internacional de Cine de la ciudad de Mar del Plata y lo percibido por el alquiler de estrenos cinematográficos argentinos a través de la plataforma de video a demanda “CINE.AR Play” y “CINE.AR Estrenos”.
Además, percibe el cobro de aranceles por la clasificación de películas y otros ingresos especificados en la ley 17.741 (t.o. 2001) y sus modificatorias y en la resolución 2114 del 25 de agosto de 2011 del INCAA.
El Ejecutivo también analiza avanzar con recortes en otras áreas. En los próximos días ejecutarán varios despidos y darán de baja varios contratos en la agencia de noticias Télam y en Aerolíneas Argentinas, que está dentro de las empresas que el oficialismo quiere privatizar.
En Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Gobierno ya desafectó a 200 personas y en la Agencia General de Puertos (AGE) hubo 150 despidos y 50 retiros voluntarios de un total de 700 empleados, se redujo el 30%.
Lo mismo aplica para el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), donde ya despidieron a 40 funcionarios, y Trenes Argentinos. En la secretaría de Comunicación se analiza desvincular a 30 personas.
En la Casa Rosada argumentan que varias de las desafectaciones son por contratos que se ampliaron por tres meses antes de fin de año y que vencerán al terminar marzo.
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