Tras una resolución fechada el 29 de febrero, el Ministerio de Educación encabezado por el ministro Dalmacio Mera anunció la liberación del cobro de cuotas en los colegios privados.
La resolución otorga a cada institución la facultad de establecer el arancel que considere pertinente, considerando su contexto y la realidad económica. A partir de este mes, se autoriza un aumento aproximado del 80%, sin embargo, existe un tope máximo que se calcula mediante una fórmula específica detallada en el anexo de la resolución.
El proceso de cálculo para la actualización de cuotas se basa en dos componentes fundamentales: los costos fijos asociados al funcionamiento institucional y el índice de precios al consumidor (IPC) de la región NOA, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La fórmula utilizada para la actualización se expone de manera algebraica, donde se representa CFI como la proporción de costos fijos de funcionamiento institucional y IPCIOA como el índice de precios al consumidor de la región NOA.
Este nuevo enfoque busca equilibrar la necesidad de las instituciones educativas de cubrir sus costos fijos con la realidad económica de las familias. Si bien la liberación del cobro de cuotas ofrece flexibilidad a los colegios privados, también plantea interrogantes sobre cómo se adaptarán las familias a los posibles incrementos y cómo las instituciones manejarán esta nueva dinámica para garantizar la continuidad de la educación en un entorno difícil.
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