El titular de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), Rafael Ponzo Florimonte, anunció a principios de este mes, un incremento en el aporte de los activos a AGAP pasando del 2% al 2,5% para el 2024 y al 3% a partir del 1 de enero de 2025, con el objetivo de asegurar el pago del 82% móvil a los beneficiarios.
En el marco de tales acciones, el diputado provincial Mamerto Acuña manifestó que dichas medidas “cuentan con una serie de violaciones constitucionales y legales que requieren de una atención y respuesta inmediata”.
"Es evidente que la AGAP está infringiendo el Artículo 180 de la Constitución Provincial al no garantizar que los jubilados reciban el 82% de la jubilación ordinaria", a la vez que cuestionó, el intento unilateral de la AGAP de aumentar los aportes de los empleados públicos sin la debida aprobación legislativa.
"Cualquier modificación en las contribuciones debe pasar por el proceso legislativo correspondiente, según lo establecido en nuestra Constitución", enfatizó el diputado.
De esta manera señaló que la AGAP no remitió la propuesta de aumento de aportes a la Legislatura para su tratamiento, lo cual “constituye otra violación al procedimiento establecido por la Constitución. Es fundamental que cualquier cambio en las contribuciones de los empleados públicos sea sometido a la consideración y aprobación legislativa", agregó.
El análisis que realiza el diputado es que en “las ejecuciones presupuestarias se observa la realización de contribuciones figurativas con financiamiento de aportes que realizan los agentes adheridos que contravienen el Decreto 127 de marzo de 2011, el cual establece normas y procedimientos específicos para las contribuciones y su manejo”, por lo que "estamos ante serias cuestiones éticas y legales que deben ser revisadas exhaustivamente", remarcó el legislador radical.
Finalmente, Acuña instó a la AGAP a corregir estas acciones y garantizar el respeto a los derechos y principios fundamentales establecidos en la Constitución Provincial y la normativa legal pertinente.
"Es imperativo que las acciones del organismo y del Poder Ejecutivo se ajusten a la Constitución y sean sometidas a la debida intervención y aprobación legislativa", concluyó.
Las nuevas medidas
Ponzo destacó al momento de dar a conocer la nueva disposición, que “el objetivo de esta medida es garantizar la sustentabilidad de AGAP y asegurar el pago del 82% móvil a los beneficiarios”, y aseguró: “Tuvimos comprensión por parte de los gremios quienes consideraron muy valioso el aporte que hace la AGAP y sostuvieron que si esto garantiza la sustentabilidad y el pago del 82% móvil se debía avanzar”.
Además, Ponzo subrayó que el déficit de AGAP se acentuó desde el año pasado debido a la constante generación de nuevos pasivos frente a una cantidad de activos relativamente constante, lo que exige medidas que aseguren su viabilidad a largo plazo.
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