La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) se presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como amicus curiae en apoyo al Título IV Trabajo del DNU 70/2023 "Bases para la reconstrucción de la economía argentina".
Desde que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional el Título IV (artículos 53 a 97) del DNU y ahora bajo estudio de la CSJN, estas tres entidades empresariales argumentan la necesidad de derogar los artículos que contemplan multas económicas, señalados como principales generadores de litigiosidad laboral en Argentina.
Los artículos en cuestión, según las entidades, dificultan la creación de empleo genuino al imponer a las pymes multas que exceden su capacidad económica. Esta situación compromete seriamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto, según lo expresado.
En el escrito presentado, se argumenta que las multas establecidas por las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 representan un grave error de política legislativa en materia social y económica, disuadiendo a los empleadores de contratar de manera significativa.
Es importante destacar que el respaldo de SRA, CAME y CONINAGRO se limita exclusivamente al derecho individual del trabajo, excluyendo cualquier vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Además, se adjuntaron informes económicos que respaldan la postura presentada ante la CSJN.