La audiencia pública que se realiza esta semana para presentar la Canasta Básica Energética (CBE) y los nuevos criterios de subsidios para usuarios de menores ingresos de los servicios de gas y electricidad buscará plantear la superposición e incongruencia de beneficios que, aseguran desde el Gobierno, hicieron inequitativo e ineficiente el gasto público durante años.
La instancia de participación se realizará este jueves, desde las 10, para la redeterminación de la estructura de subsidios vigentes a fin de determinar el acceso al consumo básico y esencial de luz y gas natural incluyendo los beneficiarios del Programa Hogar, para la garrafa de GLP.
En el universo de los hogares que no hayan sido excluidos por el primer filtro de selección, el acceso al otorgamiento del subsidio se definirá al comparar los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar. Para ello se valorarán los registros administrativos integrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Esta información se cruzará con el segundo criterio de selección, que es la Canasta Básica Energética y que indicará los consumos mÃnimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro.
Con este esquema, la SecretarÃa de EnergÃa busca resolver "las incongruencias que resultan de la acumulación de los esquemas" de subsidios vigentes que coexisten y se acumulan en una misma factura.
De acuerdo con los estudios de consumo realizados a pedido de la Intervención del Ente Nacional Regulador del gas (Enargas), "la superposición de programas y la autorización de consumos bonificados sin lÃmite, han ocasionado consumos excesivos en tanto la señal de precios no refleja los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energÃa".
"Además de incidir en el comportamiento de los usuarios, en el mediano y largo plazo se ve afectada la necesidad de inversiones en equipamiento basadas en precios distorsionados. El sector no se autofinancia y requiere de aportes del Tesoro Nacional para mantenerse", se explicó.
Como ejemplos se destaca que un usuario que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica puede estar recibiendo hasta tres beneficios de manera simultánea: la bonificación por Tarifa Social, el cuadro tarifario correspondiente a ingresos bajos (N2 del RASE) y, si se encuentra en alguna de las localidades alcanzadas por la Ley 27.637, de Zona FrÃa donde los cuadros tarifarios equivalentes al 50% del costo pleno.
En cuanto a los criterios de inclusión de la Tarifa Social o del Régimen de Zona FrÃa, por los cuales resultan beneficiarios el titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o al titular de una Pensión como Veterano de Guerra, "se observa que tales situaciones no denotan por sà solas la necesidad de ayuda económica, sino que corresponden a un indicador que podrÃa tenerse presente dentro de la situación de un hogar".
Acerca de la utilización de diferentes parámetros sobre ingresos, como el Salario MÃnimo Vital y Móvil (SMVM) para Tarifa Social y el Registro Único Especial de Zona FrÃa y la Canasta Básica Total (para el RASE), se advierte que en la Canasta Básica Total se incluye, además de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros. En cambio, el SMVM registra únicamente ingresos sin tener en cuenta otros gastos que se realizan en el hogar.
También para la SecretarÃa se ha observado "un error en la metodologÃa de ingreso al Registro Único Especial de Zona FrÃa, que incorpora de manera automática todas aquellas cuentas cuyas CUIT / CUIL del titular cumplen con los criterios determinados por la ley que creó el régimen".
"De esta forma, se asignan subsidios a puntos de suministro para los que no se ha solicitado especÃficamente su incorporación", se resaltó.
Por otro lado, se considera que el decreto 332/2022 representó un intento de segmentar a los consumidores en tres categorÃas N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), mediante la aplicación de cuadros tarifarios especÃficos para las categorÃas N2 y N3.
"No obstante, este procedimiento no estableció ningún tope al consumo de energÃa subsidiada para la categorÃa N2", se aseguró.
Adicionalmente, se plantea en la audiencia que el decreto 332/22 (de segmentación tarifaria) definió "condiciones para la actualización de los precios subsidiados que no resulta sostenible en el tiempo, poniendo techo a los ajustes sistemáticamente inferiores al resto de los precios de la economÃa, lo que provoca una espiral descendente en los precios con un monto de subsidios siempre creciente a financiar por el Tesoro Nacional".
Finalmente, se alerta que la aplicación de criterios de inclusión automáticos referidos a la disposición de otros planes de subsidios, inclusiones masivas de barrios enteros identificados por polÃgonos georreferenciados, duplicación de beneficios por el mismo servicio "multiplicó destinatarios que no necesariamente lo necesitan o lo han requerido".
La superposición de programas y subsidios, para la SecretarÃa, "confunde tanto a las autoridades de aplicación como a los usuarios, quienes desconocen el verdadero valor de los servicios y de los subsidios percibidos". "
"El solo hecho de no identificar en la factura el costo real de la prestación y el monto del subsidio impide que el usuario reconozca su verdadero costo", sostiene la dependencia.
Fuente: Telam
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