Los fondos fiduciarios (conocidos como fideicomisos públicos) son una herramienta para financiar obras y proyectos que los gobiernos comenzaron a utilizar con cada vez más fuerza, pero que expertos en anticorrupción y finanzas tienen en la mira por la falta de auditorías sobre el dinero que se les transfiere y la forma en que se utilizan los fondos.
Su funcionamiento es simple: el Poder Ejecutivo Nacional, a través de ministerios u organismos del Estado (fiduciante), transfiere bienes o sumas millonarias de dinero a entidades, generalmente bancarias (fiduciarios), para que administren esos fondos en beneficio del primero. Estos contratos tienen una particularidad: el dinero se utiliza para un bien o fin determinado y no puede cambiarse ese destino, aunque hay “trampas” que generan interrogantes sobre esta regla.
Se trata de fondos sobre los que hay pocos controles: no siempre se conoce si el dinero va al objetivo para el que se creó el fondo.
Actualmente hay dos organismos de control facultados para investigar los fideicomisos: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). El primero es un órgano interno del Poder Ejecutivo, y el segundo depende del Congreso de la Nación.
Según esta normativa, tanto la AGN como la SIGEN pueden auditar, por iniciativa propia y sin necesidad de un requerimiento especial, cualquier fondo fiduciario integrado total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional. El fiduciario no puede negarse a entregar sus balances o cualquier información requerida.
Ambas entidades no tienen precisamente un extenso historial de auditorías sobre fideicomisos: el control sobre estos instrumentos financieros es escaso, casi nulo. El problema radica en que la propia ley no alienta los controles preventivos sino que establece que las auditorías son posteriores a la ejecución del dinero. Así lo establece el artículo 102 en el caso de la SIGEN y el artículo 117 para la AGN.
Los fideicomisos públicos se multiplicaron en los últimos años y el presidente Javier Milei los tiene en la mira. De hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes que el Ejecutivo va a eliminar fondos fiduciarios por US$2000 millones.
“Es llamativo cómo la política no está de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien cómo se utiliza la plata. Incluso, tiene [cuestiones] éticas que también hay que revisar. No sé, si alguna persona que maneja alguno de los fondos termina siendo candidato a presidente, por poner una hipotesis vaga”, especuló Adorni. Sin embargo, no dio detalles sobre cuáles serán los fondos afectados.
Según el Presupuesto 2023, prorrogado para 2024, existen 29 fondos fiduciarios en la Argentina. De ese total, el gobierno de Alberto Fernández decía al Congreso en el mensaje que acompaña al Presupuesto, que hay nueve que son “más relevantes por la magnitud de sus operaciones”.
Los fondos fiduciarios que más dinero mueven
El listado de los nueve fondos fiduciarios más importantes incluye vehículos para financiar el transporte, el gas, la vivienda y las obras hídricas, entre otros:
- Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT): fue creado en 2001 para promover la inversión en corredores viales a partir del cobro de una tasa sobre los combustibles. Con el tiempo, ese dinero fue pasando de su función original hacia la financiación del transporte público automotor y ferroviario al tiempo que se mantenían tarifas bajas.
- Fondo Fiduciario para la Vivienda Social: “El objeto de este fondo es el de financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, a efectos de promover proyectos para el desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de los hogares de escasos recursos”, dice el mensaje que acompañaba al Presupuesto 2023. Según un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) este fondo fue creado en 2016 y reglamentado en 2019. Su financiamiento surge de aportes públicos del presupuesto nacional, privados y de otros organismos.
- Fondo Fiduciario Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo. Ley N° 26.020: Este vehículo tiene como objetivo financiar la compra de garrafas a precios diferenciales para familias de bajos recursos, dentro del programa “Hogar”. “Se financia con transferencias presupuestarias de la administración pública nacional”, indicó la OPC.
- Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR: Este fondo es uno de los más reconocidos públicamente, ya que su objeto es facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos hipotecarios y asistencia financiera a tasas bajas. “Entre las erogaciones del fideicomiso, se destaca el programa de desarrollos urbanísticos, lotes con servicios, desarrollos habitacionales, y construcción/ampliación. Dichas erogaciones se reflejan en transferencias de capital desde el fondo, así como en la concesión de préstamos”, dice el Presupuesto 2023. La OPC señaló que se financia con transferencias del presupuesto nacional e intereses provenientes de créditos otorgados.
- Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS): este fondo se creó en 2001 para subsidiar el consumo residencial de gas en la Patagonia y otras “zonas frías” que en principio incluían una región de Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a otras áreas. El Gobierno ya intentó eliminarlo mediante la fallida Ley Ómnibus y despertó críticas entre los mandatarios provinciales. Según la OPC, su financiamiento se obtiene a partir de un recargo sobre sobre el precio del gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte.
- Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH): se creó en 2001 con el objetivo de financiar obras hídricas que busquen proteger tierras productivas, evitar inundaciones y proteger la infraestructura vial y ferroviaria de zonas rurales. Además, se puede usar para otorgar compensaciones tarifarias a las empresas que realicen el dragado y mantenimiento de vías navegables. Se financia con un impuesto sobre la nafta y el gas.
- Fondo Fiduciario de Desarrollo Productivo (FONDEP): fue creado en 2014 con bajo el nombre Fondear y cambió su denominación durante la presidencia de Mauricio Macri. Se financia con aportes del Tesoro y su objeto, según el presupuesto 2023, es “facilitar el acceso al financiamiento de proyectos que promuevan la inversión o contribuyan al desarrollo de las cadenas de valor en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, para la puesta en marcha y/o sostenimiento de actividades y empresas con elevado contenido tecnológico”.
- Fondo de Garantías Argentino (FOGAR): este fondo tiene por objeto ofrecer garantías directas e indirectas, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de las empresas que desarrollen actividades económicas o productivas en el país, de modo que consigan mejor tasa. La OPC detalló que se financia con transferencias del Tesoro a través del presupuesto nacional y mediante el recupero del capital e intereses por inversiones financieras.
- Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU): este fondo, al contrario de los otros, había sido incluido en la Ley Ómnibus con el objetivo de fortalecerlo. Se trata de un vehículo que busca financiar proyectos de integración socio urbana para los asentamientos y barrios populares que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), así como la creación de lotes con servicios. La OPC detalló que este fondo recibe aportes del Tesoro, fondos provistos por organismos internacionales y ONGs, ingresos por legados y donaciones y operaciones de crédito público, entre otros.