Este mediodía, el Concejo Deliberante de Los Altos se convirtió en el epicentro de un conflicto político que capturó la atención local. Una comisión enviada por el fiscal Facundo Barros Jorrat realizó un allanamiento en la institución.
El allanamiento se llevó a cabo para asegurar la documentación parlamentaria en medio de las denuncias cruzadas entre los concejales Rodrigo Reynoso y Carlos "Kiki" Olveira.
La medida, autorizada por el juez de Control de Garantías, Lucas Vaccaroni, tiene como objetivo salvaguardar libros de actas, órdenes del día y cualquier documento relevante relacionado con el conflicto suscitado por la elección de autoridades del cuerpo legislativo local.
El trasfondo de esta medida procesal se remonta a las acusaciones presentadas por el concejal Rodrigo Reynoso, quien fue inicialmente elegido presidente del cuerpo en diciembre, pero luego fue sustituido en una sesión posterior del 17 de enero por el concejal Carlos “Kikí” Olveira. En respuesta, Olveira también presentó denuncias, alegando que Reynoso había cedido a la voluntad de la mayoría.
El allanamiento en el Concejo Deliberante refleja la profundización de las tensiones políticas en Los Altos, donde las disputas internas y las acusaciones mutuas entre los concejales dejaron al descubierto divisiones dentro del cuerpo legislativo local.
La intervención del fiscal y del poder judicial resalta la gravedad del conflicto y la necesidad de una investigación exhaustiva para dilucidar responsabilidades y restablecer la confianza en las instituciones locales.