En una audiencia celebrada hoy, Ruth Alejandra Antonino, fiscal en lo Penal de Violencia Familiar y de Género, presentó una solicitud ante la Cecilia Mas Saadi, jueza de Garantías, para la imposición de prisión preventiva a un individuo de apellido Barros.
El acusado enfrenta cargos de amenazas coactivas y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa, mediando una relación de pareja y en contexto de género.
La fiscal argumentó que, al tratarse de un caso enmarcado en violencia contra la mujer, la investigación debe llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y considerar la perspectiva de género, según normativas convencionales, constitucionales y legales. Fundamentó la petición de prisión preventiva en la gravedad de los delitos y las circunstancias agravantes, destacando el riesgo para la víctima y su hijo no nacido.
Durante la presentación, se resaltó que Barros intentó fugarse al ser descubierto infraganti y resistió violentamente al ser aprehendido, haciendo hincapié en su peligrosidad. Informes psicológicos y psiquiátricos detallaron un perfil violento y manipulador, con indicadores como autoritarismo, celos exacerbados y baja tolerancia a la frustración. La fiscal expresó su preocupación por la posibilidad de que Barros se vincule nuevamente de manera perjudicial.
La pericia psicológica reveló una relación desigual de poder durante la convivencia, con la víctima sumisa y psicológicamente impedida de denunciar agresiones. La fiscal advirtió que esta manipulación podría entorpecer la investigación y el juicio. Se hizo referencia al temor fundado de la víctima y a pruebas pendientes de producirse.
La funcionaria judicial concluyó que, de no concederse la prisión preventiva, existe el riesgo de que Barros influencie negativamente a la víctima en sede judicial y continúe ejerciendo violencia. Se mencionó el precedente "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltando el deber del Estado de incorporar la perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres.