La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se encuentra sumida en la incertidumbre respecto al pago de haberes para su personal, debido a una normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que limita la posibilidad de adelantos en cuenta corriente para entidades públicas.
Esta medida generó preocupación entre los trabajadores, ya que la UNCA debe esperar a la acreditación de los fondos desde la Tesorería General de la Nación para proceder con los pagos.
Ante la imposibilidad de realizar adelantos en cuenta corriente, la universidad y otras instituciones públicas se ven afectadas, generando dudas sobre las fechas precisas de pago de haberes. La normativa del BCRA, que dejó sin efecto la posibilidad de enviar archivos con la liquidación de los haberes con anticipación, llevó a comunicar a su personal la necesidad de esperar a que los fondos estén plenamente acreditados en la cuenta para llevar a cabo los trámites de acreditación salarial.
En una circular interna, la UNCA explicó que la operatoria anterior permitía enviar anticipadamente la liquidación de haberes a la entidad financiera para su procesamiento, agilizando así el pago al personal universitario. Sin embargo, con la aplicación de la nueva normativa, se ven obligados a aguardar la acreditación efectiva de los fondos desde la Tesorería General de la Nación antes de poder realizar los trámites correspondientes.
La situación llevó a la Secretaría de la UNCA a mantener una comunicación constante con las autoridades bancarias para encontrar soluciones para el pago de haberes correspondientes al mes de enero. En este contexto, se enviaron las masas salariales requeridas para su análisis, buscando alternativas que permitan cumplir con los compromisos salariales del personal universitario.
Esta normativa del BCRA afecta no afecta solo a la Universidad Nacional de Catamarca, sino a distintas entidades públicas a nivel nacional, provincial y municipal, así como a organismos descentralizados. La universidad, consciente de la situación, trabaja para encontrar soluciones que permitan cumplir con las obligaciones salariales en el marco de la legalidad y responsabilidad institucional.
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