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El Gobierno extendió las sesiones extraordinarias y apura las negociaciones para aprobar la "Ley Omnibus"

La extensión de las extraordinarias muestra que el Gobierno ya abandonó la idea de aprobar la ley ómnibus en el plazo vigente de sesiones, hasta el 31 de enero. También se confirmó la ampliación de la lista de temas que podrán abordarse en ese período.

Teniendo en cuenta que con el principio de acuerdo con bloques de la oposición recién la ley ómnibus podría llegar al recinto de Diputados la próxima semana (martes o jueves), sería imposible que el Senado pudiera tratarla antes de fin de mes, ya que en la Cámara alta deben pasar siete días desde la firma de un dictamen para que llegue a discutirse en el pleno.

Por esa razón y con la expectativa de entablar acuerdos que puedan motorizar la aprobación, el oficialismo cedió ante el pedido de la oposición de extender el plazo de sesiones extraordinarias.

En la prórroga firmada por el presidente Javier Milei, que este viernes regresó al país tras su visita a Suiza para participar del foro de Davos, se amplió el temario y se incluyeron tres proyectos.

Entre otros puntos, el Gobierno se comprometió a no eliminar por completo la movilidad jubilatoria y aceptaría que se actualice mensualmente con el IPC que publica el INDEC. También accedió dejar en cero las retenciones a las economías regionales y dejó abierta la negociación sobre la soja, el maíz y las industrias.

Además, los libertarios aceptaron bajar de cuatro a dos años las declaraciones de emergencia y las facultades delegadas que reclamaba el Ejecutivo. La contrapropuesta oficial planteaba declarar la emergencia por un año y que sea prorrogable por otro a discreción del Ejecutivo, algo que rechaza la oposición (buscan que la prórroga tenga que pasar por el Congreso).

Respecto a las privatizaciones, el oficialismo pidió mantener el listado que incluya a 40 empresas estatales que podría enajenar. Solo sacarían, a pedido de la oposición, a YPF. Además, la redacción final incluiría una cláusula que obligue al Ejecutivo a enviar al Congreso los pliegos para la privatización. Esto permitiría que la oposición tenga la potestad de frenar el proceso en algún caso particular.

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