Los dirigentes de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi, y Facundo Del Gaiso, presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, apuntando directamente contra Claudio Belocopitt y las empresas de medicina prepaga asociadas en la Unión Argentina de Salud (UAS).
El diputado nacional Rubén Manzi no escatimó palabras al abordar el tema y expresó ante la prensa: "El DNU que Javier Milei envía y que hasta que se lo rechace o apruebe, si lo aprueba ya está, pero si lo rechazan queda sin efecto; mientras tanto, el DNU está funcionando."
Según Manzi, el decreto propone una desregulación de las obras sociales, generando un escenario propicio para que las empresas de medicina prepaga coordinen aumentos de manera ilegal. En sus palabras: "Belocopitt, que es un empresario muy importante que es la cabeza de Swiss Medical, declaró a la prensa que las prepagas se iban a poner de acuerdo para ver cuánto aumentaba."
Manzi resaltó que esta acción va en contra de la legislación vigente: "Si vamos a la ley de defensa del consumidor y defensa a la libre competencia, en el artículo primero expresamente está prohibido que las cámaras empresariales se pongan de acuerdo para fijar un precio."
La acusación se centra en la presunta cartelización del sector, lo cual, según Manzi, impide la libre opción para los afiliados a las prepagas. El legislador sostiene que este tipo de prácticas atentan contra la libre competencia, destacando que el gobierno anterior tenía una cultura de regulación de precios que, con el DNU, quedó abolido.
El legislador continuó argumentando: "La mesa de concertación del gobierno la arman los empresarios y deciden cuánto van a aumentar, cuando en realidad eso no puede ser porque la ley vigente, que no es de Milei, es previa, impide que las cámaras empresariales fijen los precios. Eso técnicamente se llama cartelización, que es lo que pasó eternamente con las empresas constructoras."
El diputado recordó una denuncia similar realizada por Lavagna años atrás y destacó la gravedad del caso al compararlo con situaciones de cartelización previas en el ámbito empresarial, como el de las empresas constructoras a nivel nacional.
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