El Gobierno despliega una curiosa estrategia para aprobar la Ley Ómnibus que incluye asegurar que no negocia modificaciones, pero que acepta “sugerencias”, y que no “cede” ante planteos opositores, sino que “aclara” o retira, por decisión propia, artículos que en realidad no han sido comprendidos correctamente o que no son urgentes. Pero hay algunos puntos que hacen al “norte” del mega paquete de reformas, que la oposición pide modificar y el Ejecutivo resiste, y que se perfilan, al inicio de la segunda semana de debate, como un posible problema para llegar a un acuerdo en Diputados.
Desde el Ejecutivo ya dieron algunas señales claras de que el proyecto que Javier Milei envió al Congreso saldrá, si sale, con modificaciones. Funcionarios nacionales que pasaron en la última semana por el plenario de comisiones de Diputados reconocieron, para empezar, que la emergencia pública que permite una muy amplia delegación de facultades en la figura del Presidente no sería habilitada por cuatro años, como virtualmente propone el proyecto, sino a lo sumo por un año, prorrogable por otro año por determinación del Congreso.
El ministro del interior, Guillermo Francos, admitió que la mayoría de los diputados rechazan el capítulo de la reforma electoral que plantea que las provincias se dividan en circunscripciones electorales y que supondría un fuerte aumento del número de representantes de la provincia de Buenos Aires en Diputados, en detrimento de la mayoría del resto de las provincias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció que el Ejecutivo decidió retirar de la ley la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
Antes, el Ejecutivo, por presión de los gobernadores patagónicos, ya había confirmado que daría marcha atrás con el capítulo que suponía fuertes modificaciones al Régimen Federal de Pesca y, también por presión de mandatarios provinciales, sobre los artículos de reforma de la Ley de Biocombustibles.
Pero en La Libertad Avanza insisten en que no habrá modificaciones sobre el núcleo del paquete de reformas que hace a la posibilidad de que el Gobierno pueda cumplir con su objetivo de ir hacia el “déficit fiscal cero”. Fue de hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, que por ahora decidió no participar del debate en Diputados, quien afirmó que: “Si la ley no pasara, sería una muy mala noticia para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”.
La Libertad Avanza, al estar en clara minoría en ambas cámaras parlamentarias, está obligado a negociar con los bloques de la oposición que, a diferencia de Unión por la Patria, han manifestado voluntad de acompañar el paquete de reformas, siempre que se incluyan cambios.
Pero, considerando por ahora la resistencia del Gobierno a discutir cualquier tema de la norma que pueda complicar el objetivo fiscal, hay dos puntos que rechazan los bloques opositores y que podrían traer problemas a la hora de llegar a un acuerdo.
Tanto en la UCR, como en el PRO y en Hacemos Coalición Federal (legisladores del peronismo disidente, algunos ex Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica) señalan que no acompañarán la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria como fue establecida en el megaproyecto enviado al Congreso.
El Gobierno busca que, mientras se diseña una nueva fórmula de movilidad, muchos diputados se preguntan por qué no fue incluida directamente en el proyecto, se le otorgue las facultades para que los aumentos sean definidos por el Poder Ejecutivo mediante decretos. En cambio, en los bloques opositores plantean que, al menos, se garantice un mínimo de aumento que acompañe, aunque sea ligeramente desfasado, el ritmo de la inflación.
El otro punto de conflicto es el de la suba de las retenciones. La iniciativa propone que los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasen a tributar un 15%, que paguen más algunas economías regionales, que la alícuota a los derivados de la soja suban al 33% (lo mismo que el poroto sin industrializar) y que el Ejecutivo podrá modificar las alícuotas (hasta un tope de 15%), sin necesidad de pasar por el parlamento.
Las mismas bancadas opositoras ya advirtieron que no acompañarán este punto como establece el proyecto. De hecho, este viernes, la decena de gobernadores que fueron elegidos por Juntos por el Cambio le advirtieron a los ministros Caputo y a Francos que no acompañarán la Ley Ómnibus mientras incluya un aumento de retenciones a economías regionales.
La Libertad Avanza busca firmar esta próxima semana un dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Algunos legisladores del oficialismo y algunos funcionarios sugieren que algunas partes de la ley se modificarán, pero otras se mantendrían pese a los cuestionamientos opositores y que, en todo caso, aquellos que quieran votar en contra de esos artículos lo hagan.
El problema es que en buena parte de la oposición colaborativa advierten que no hay voluntad de acompañar un dictamen que incluya puntos con los que no estén de acuerdo, sino llegar a un acuerdo global por un dictamen de consenso. El desenlace dependerá del margen de negociación que habilite el Poder Ejecutivo, que por ahora no ha dado potestad a sus referentes del Congreso para negociar cambios en su nombre, y del grado de resistencia que estén dispuestos a sostener los distintos bloques parlamentarios.
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