La sociedad argentina atraviesa momentos inciertos y debe adaptarse a cambios radicales en poco tiempo. A raíz de esta situación, el gobierno provincial decidió otorgar aumentos a diferentes sectores, con excepción del sistema educativo.
Frente a dicha exclusión, la diputada Natalia Herrera (UCR) solicitó a través de un proyecto que se haga extensivo el bono que cobrarán los empleados administrativos para el personal docente, preceptores, administrativos y todos los que conforman el sector educación.
"Que este bono sea cobrado por encima de aquellos aumentos que por paritarias deban percibir los trabajadores"
Diputada Natalia Herrera (UCR)
Esto se da luego de que el 26 de diciembre, el gobernador Raúl Jalil haya acordado con los representantes gremiales de la Administración Pública provincial, un sueldo mínimo de $300.000 a partir de la liquidación de enero.
Durante aquella reunión, también se acordó el pago de un bono extraordinario de $70.000 y se dispuso una nueva paritaria para febrero del 2024.
Aumento en las partidas de transporte
Además de la anterior iniciativa, el bloque de la UCR a través de los diputados Silvana Carrizo, Tiago Puentes, Mamerto Acuña, Cristina Gómez, Carlos Marsilli, Luis Fadel, Alejandra Pons y Herrera, presentó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno Provincial incrementar las partidas del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transportes.
El fin de esta presentación es enfrentar el aumento de los costos de transporte público de pasajeros, en atención a la política de reducción de subsidios nacionales, que afecta directamente al transporte de personas.
“Estamos en estado de alerta para asistir a quienes dependen del transporte público”, indicaron desde el bloque radical, en referencia a la necesidad de abordar el déficit fiscal.
En sus argumentos, expresaron que “más del 50% de nuestra población activa se encuentra en condiciones de pobreza o indigencia. El aumento en los costos de transporte podría afectar gravemente su calidad de vida". Estos datos se desprenden de los resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares.
El proyecto también pretende equilibrar los intereses de las empresas de transporte, enfatizando la importancia de un servicio no confiscatorio, que respete el principio de propiedad privada.
“Es fundamental encontrar un equilibrio que garantice tanto la continuidad y estabilidad del servicio como la protección de los derechos de las personas y la comunidad,” enfatizan los integrantes del bloque.