En relación con el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que introduce modificaciones al Régimen Jurídico del Automotor (RJA), la Asociación Argentina de Entidades de Regulación del Parque Automotor (AAERPA) emitió sus primeras consideraciones.
El comunicado, publicado por Alejandro Oscar Germano, presidente de AAERPA, y Carlos Andrés Auchterlonie, secretario de la misma entidad, destaca la necesidad de abordar estas reformas con cautela y en aras de mantener la seguridad jurídica en los trámites relacionados con vehículos.
Según el texto, las modificaciones tienen como objetivo principal permitir que los trámites automotores se realicen de manera integral y digital, agilizando los procesos. Aunque se reconoce la positividad de la digitalización y la simplificación de procesos, se advierte sobre la importancia de considerar las particularidades y la relevancia de los automotores, incluyendo motovehículos y maquinarias agrícolas e industriales.
La AAERPA señala que el RJA y el sistema registral automotor demostraron a lo largo de décadas brindar seguridad jurídica, protegiendo los derechos de aquellos que adquieren bienes relacionados con vehículos. Aunque se valora la modernización constante del sistema, se destaca la necesidad de ser cautos al aplicar cambios que puedan comprometer la seguridad jurídica del registro automotor.
El comunicado menciona que la exigencia del Decreto de implementar un "servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado" antes del 2 de mayo de 2024 podría generar caos, ya que se duda de la viabilidad de cumplir estos lineamientos sin comprometer la seguridad jurídica. Se advierte sobre el riesgo de tercerizar o involucrar a empresas privadas en el control de un sistema vital para la sociedad.
Otro punto destacado es la preocupación por la coexistencia de 2 registros independientes que pueden inscribir actos sobre un mismo automotor, lo que podría afectar la salvaguarda de los derechos inscriptos. Actualmente, el sistema procesa las peticiones en el estricto orden en que se presentan, ya sea de forma presencial o electrónica, brindando previsibilidad y protección de derechos.