El juicio, que comenzó el 25 de octubre, reviste particular importancia al juzgar a Oliva por dos delitos diferentes. Inicialmente acusado en 2018 por explotación sexual de una joven santiagueña, una denuncia anónima en 2020 lo señaló por venta de drogas. Las fuerzas de seguridad, siguiendo órdenes de la Justicia Federal, emplearon escuchas telefónicas cruciales para la investigación.
El fallo, coincidente con los alegatos de los fiscales Rafael Vehils Ruiz y María Delicia Correa, absolvió a la joven K.H de la acusación por trata de personas. Clara Toledo, madre de Ivana Vargas, fue condenada a 6 años por venta de drogas, al igual que Manuel Diaz y Jonathan Molina Vildoza.
Por otra parte Juan Carlos Moreno recibió una condena de 6 años y 6 meses, mientras que Diego Arroyo fue sentenciado a 4 años. Salvo Oliva, los demás cumplirán sus penas bajo prisión domiciliaria.
El tribunal destacó la relevancia de las escuchas telefónicas para obtener datos precisos sobre los movimientos de la banda. Estas conversaciones revelaron coordinaciones para la compra y venta de estupefacientes. Los once allanamientos realizados en noviembre de 2020, en viviendas del barrio Achachay, barrio Libertador II y otros sectores, resultaron en siete personas detenidas y el decomiso de alrededor de $1.000.000.
Los fundamentos del veredicto se conocerán el 20 de diciembre. Oliva, quien llegó detenido al debate, enfrenta una condena significativa por su papel en ambos delitos. El resto de los condenados, al admitir su responsabilidad en los hechos, seguirán sus penas bajo el régimen de prisión domiciliaria.