A tan solo un día de la transición de gobierno, el presidente Alberto Fernández ha oficializado un decreto que asegura su custodia de seguridad como exmandatario fuera del territorio argentino. Esta decisión surge tras la revelación de que Fernández residirá en España una vez finalizado su mandato este domingo.
Hasta la fecha, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la responsabilidad reglamentaria de custodiar a los ex presidentes únicamente dentro del territorio nacional, en caso de que requirieran protección especial. Hoy se publicó el decreto número 735/2023, en el Boletín Oficial, introduce una modificación en las funciones de la Casa Militar, la entidad encargada de la seguridad presidencial. Es decir que con la nueva prerrogativa, esta seguridad se extiende a todos los países donde residan aquellos que hayan ocupado la Presidencia o Vicepresidencia, sin un límite temporal para su aplicación.
La redacción del nuevo texto añade como misión la seguridad de los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya han concluido sus mandatos. Según el documento, la Casa Militar tiene la responsabilidad de "proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia".
“Establécese que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo control operacional de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia, de la que recibirán las órdenes para su empleo, actuando de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen al Personal de la PFA”, señala la normativa en su artículo 14.
Críticas
La medida despertó las críticas de diversos sectores, ya que se entiende que es un decreto arbitrario, considerando la decisión de Fernández de mudarse del país una finalizada su gestión.
Incluso, dirigentes políticos, legisladores y la ciudadanía exigen la derogación del decreto.