El Tribunal de Cuentas de la Provincia desarrolló una política presupuestaria adaptada a la situación económica actual.
El organismo de control decidió no adherir al aumento salarial propuesto para el Poder Judicial, optando por aguardar cualquier incremento que la provincia pueda otorgar, según lo establecido en la Ley de Presupuesto Provincial.
El gobernador Raúl Jalil anunció su intención de proporcionar informes detallados a los Poderes del Estado y al Tribunal de Cuentas sobre la significativa disminución de la coparticipación, que impacta directamente en las finanzas públicas
Este enfoque busca abordar de manera responsable los desafíos económicos que enfrenta la provincia.