Las diputadas María Argerich y Natalia Ponferrada (FT), presentaron de manera conjunta el instrumento legal que busca convertir en ley la creación del “programa provincial de sensibilización, concientización y prevención sobre violencia digital o en línea”. El proyecto prevé, entre otros puntos, reflexionar sobre los roles y modelos de género, los estereotipos y las actitudes naturalizadas que favorecen las violencias contra mujeres, niños, niñas, adolescentes, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y demás diversidades sexuales y de género en línea; capacitar a la comunidad educativa en sus diferentes niveles (inicial, primario, secundario, terciario) de gestión pública y privada en temas relativos a la violencia digital o en línea; concientizar sobre los derechos susceptibles de ser afectados mediante la violencia digital o en línea.
Basado en que ninguna persona está exenta de ser víctima de este tipo de violencia, especialmente las mujeres, niños, niñas y adolescentes son las que más, expuestos se encuentran. La violencia digital se posicionó casi de igual medida con la instalación de dispositivos tecnológicos accesibles al común de la sociedad y a las aplicaciones de mensajería instantánea.
“Los daños que pueden ser causados por actos cometidos digitalmente o en línea, tienen similares efectos a los que se realizan fuera de internet, pues inciden a corto y a largo plazo en todos los ámbitos del desarrollo individual de las personas afectadas, como su autonomía, privacidad, confianza e integridad”, establece parte del argumento de la pieza legislativa que presentaron las diputadas del oficialismo.
Uno de los artículos del proyecto establece que como contenidos mínimos de las propuestas y campañas de sensibilización, concientización y prevención de la violencia digital o en línea tratará temas como: difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, proteger la privacidad, sextorsión, amenaza, acoso y hostigamiento digital, suplantación digital de la identidad. Además, difusión o publicación de datos personales o sensibles como teléfono personal, correo electrónico, o datos que permitan ubicar físicamente a la víctima.
La iniciativa tomó estado parlamentario y se tratará, en principio, en comisión.
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