La Cámara de Senadores de Catamarca dio media sanción a la ley de creación de Cooperadoras Escolares para todo el ámbito de la Provincia, ya sea de gestión pública o privada. Los establecimientos que ya cuenten con este tipo de organización se deberán adecuar a la ley en caso que eventualmente reciba su sanción definitiva.
Según el proyecto, las cooperadoras escolares son entidades de bien público sin fines de lucro, que cooperan con la gestión de la institución educativa, en procura del mejoramiento del establecimiento en todos sus aspectos. Asimismo, se instituye a las mismas, como personas jurídicas privadas - "simples asociaciones" - reconocidas conforme la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, en armonía a lo prescripto por Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley Nacional N°26.759 "de cooperadoras escolares".
El instrumento establece en uno de sus artículos que las cooperadoras estarán conformadas por padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos y egresados; los egresados mayores de edad; personal docente y no docente del establecimiento educativo; ex personal del establecimiento educativo, que no haya sido separado de su cargo por sanción disciplinaria; estudiantes regulares mayores de edad de los institutos de educación superior; y vecinos en general que tengan interés por la problemática de la educación o la institución.
La ley de cooperadoras escolares tendrá como objetivo la ejecución de actividades tendientes al progreso de la institución, que contribuyan a la formación integral de los y las estudiantes. En este sentido, deberán ejecutar acciones y actividades en el marco del proyecto educativo institucional y que favorezcan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de los establecimientos educativos.
Por otro lado, deberán percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento edilicio de las escuelas, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, maquinarias, equipos e instalaciones, materiales didácticos, bibliográficos y a realizar cualquier otra inversión que tenga por finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Además, será la encargada de comercializar y administrar los bienes y servicios producidos en las instituciones de educación técnica profesional, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente.
La iniciativa que fue ideada en conjunto entre la Dirección de Políticas Socioeducativas y Alimentarias del Ministerio de Educación y la senadora por el departamento Paclín, Virginia Del Arco, pasó a Diputados donde deberá ser analizada en comisión y tratada en el recinto.
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