El juez Federal, Miguel Ángel Contreras, dictó un fallo en el caso de las criptoestafas en Catamarca en el que rechazó la solicitud de la defensora de Víctimas, Mariana Vera, para que el Estado asuma la responsabilidad de compensar a dos inversores perjudicados por las empresas financieras.
En lugar de ello, el juez Contreras admitió la petición de Vera para ser aceptada como querellante particular y actor civil en representación de las víctimas afectadas por estas maniobras fraudulentas.
El fallo del juez señaló que la demanda estatal no puede proceder debido a la falta de imputados relacionados con los Estados nacional, provincial o municipal en este caso de criptoestafas. Contreras argumentó que la responsabilidad legal recae en los actores directamente involucrados en las actividades fraudulentas y que el Estado no puede ser considerado responsable en esta instancia.
No obstante, la admisión de Mariana Vera como querellante particular y actor civil representa un paso hacia la búsqueda de justicia para los afectados por estas prácticas engañosas, siempre y cuando carezcan de recursos para contratar a un abogado o sean considerados vulnerables, dos condiciones obligatorias para la intervención de Defensa de las Víctimas.
La presentación de Vera había sido en la causa que se sigue contra los responsables de la financiera Stratton Sierra, José Sierra y Jésica Veliz.