El Frente de Trabajadores Estatales Unidos de Catamarca está preparando su segunda manifestación en contra de la mala liquidación de los haberes de los empleados públicos provinciales. La marcha, que se llevará a cabo el jueves 10 de agosto a partir de las 10, partirá desde la intersección de las avenidas Belgrano y Alem y se dirigirá hacia el CAPE.
El principal enfoque de esta movilización se centra en la defensa de los derechos salariales y laborales de los empleados estatales. Los gremios que componen el Frente exigen el cumplimiento de la pauta salarial establecida para el año 2022, así como el pago de la deuda generada a raíz de una incorrecta liquidación de los porcentajes de recomposición salarial. También solicitan el blanqueo de los bonos en negro y la apertura de paritarias transparentes y sin exclusiones para el año 2023.
Las organizaciones que conforman el Frente incluyen a: APOC (Asociación del Personal de Organismos de Control), la Asociación de Trabajadores del IPV, la Asociación de Empleados de ARCA de Catamarca, APROSCA (Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca), Trabajadores Autoconvocados de la Salud y otras entidades de empleados autoconvocados de diversas reparticiones estatales.
La primera marcha realizada la semana pasada obtuvo una respuesta significativa por parte de los trabajadores. En ese evento, se alzaron voces exigiendo al Poder Ejecutivo Provincial que atienda la pérdida constante del poder adquisitivo de los empleados públicos, una situación que se ha agudizado debido a acuerdos salariales con ciertos gremios que han resultado perjudiciales para los trabajadores.
Según los gremios participantes, los empleados públicos experimentaron una pérdida del 26,2% de su poder adquisitivo durante el 2022. Esto fue resultado de una recomposición salarial del 68,6% propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en contraposición con una inflación acumulada del 94,8% para ese período. En el primer semestre del presente año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una inflación acumulada del 50,7%, mientras que algunos gremios solo acordaron una recomposición salarial del 40%, generando así una pérdida del 10,7% en el poder adquisitivo de los empleados públicos.
En medio de este panorama, el pasado 13 de julio se alcanzó un acuerdo por una recomposición salarial del 28% para el resto del año, sumándose al 40% del primer semestre, lo que totaliza un aumento anual del 68%. No obstante, las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina proyectan una inflación acumulada de 142,4% para 2023. Si estas previsiones se cumplen, los empleados públicos podrían perder más del 74% de su poder adquisitivo al finalizar este año.
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