Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, se presentó un proyecto de la diputada Adriana Díaz que busca que los medios de comunicación se capaciten en perspectiva de género y desarrollen un protocolo para abordar casos de violencia, a cambio de beneficios impositivos. También se presentaron otras iniciativas relacionadas con esta temática.
El proyecto propone la creación de un curso obligatorio de "Sensibilización de Género en los Medios de Comunicación" y también insta a la creación de un protocolo de actuación para casos de violencia de género en el ámbito laboral.
Una novedad de esta propuesta es que, para los medios de comunicación privados, que no pueden ser obligados por ley a capacitarse o implementar un protocolo, se propone la exención del impuesto al sellado de las órdenes de publicidad obtenidas con organismos gubernamentales de la provincia.
Los objetivos de esta iniciativa son garantizar la prevención y erradicación de la violencia de género en los medios de comunicación, capacitar a los trabajadores de los medios públicos de la provincia en la prevención y eliminación de la violencia mediática y simbólica, y prevenir y abordar de manera efectiva la discriminación y violencia de género en el ámbito laboral.
Adicionalmente, se presentó otro proyecto complementario que busca obligar a que los medios audiovisuales de la provincia incluyan la leyenda "La Violencia de Género es un Delito" en la cobertura de hechos relacionados con esta problemática.
La diputada Díaz también presentó dos iniciativas más. La primera propone incorporar la línea telefónica nacional anónima y gratuita 145, destinada a denuncias por casos de trata de personas, a los números de emergencia y ayuda que figuran en la página oficial del gobierno provincial.
La segunda iniciativa busca crear el Programa Provincial "Polo Integral e Itinerante para Personas en Situación de Violencia Familiar y de Género". El objetivo de este proyecto es centralizar en un solo espacio físico todos los entes pertenecientes a diferentes poderes del Estado que se dedican a combatir y ayudar a las víctimas de violencia, con el fin de simplificar el proceso actual para quienes se animan a denunciar y evitar su revictimización.