Hace semanas que la nueva designación de estudiantes que van a portar las insignias patrias en los actos escolares viene siendo tema de debate.
El 13 de junio de este año, la ministra de Educación firmó la Resolución 644 en la que se establecen nuevos criterios para la designación de abanderados y escoltas que incorporan criterios vinculados a la formación de valores ciudadanos, tales como la solidaridad, la construcción del bien común, el cuidado del otro, el compromiso y el esfuerzo.
Cuando fue comunicado, se explicó que se busca “cambiar el sentido meritocrático centrado únicamente en lo académico para incorporar otros valores destacables”, según expresó la ministra Andrea Centurión.
Esto motivó la presentación del diputado Hugo Ávila para que la normativa sea derogada, argumentando que “la democratización no pasa por nivelar para abajo”.
“Eliminar el sistema meritocrático que se venía utilizando para que los alumnos puedan tener el orgullo y el honor de portar la bandera va a significar un tremendo retroceso. Se va a eliminar la sana competencia que debe existir. Me parece que hay un concepto totalmente equivocado en lo que tiene que ver con lo que significa el concepto y la palabra democracia. Yo creo que la democratización no pasa por nivelar para abajo”.
Hugo Ávila, diputado FAC
Quién tomó la palabra en el mismo sentido fue la diputada Silvana Carrizo (JXC), quien si bien reconoció que la meritocracia no soluciona el problema de la desigualdad, todo acto administrativo debería incentivar al mérito.
“Es cierto que la meritocracia no soluciona el problema de la desigualdad. No obstante ello, el concepto en sí ha tenido siempre una connotación positiva. Cuando alguien, mediante actos administrativos, se dirige al pueblo desde una posición de autoridad, no puede dejar de incentivar el mérito. Cuestionar el mérito implica ignorar que una conducta honesta va de la mano de la perseverancia y reconocimiento. Denostar la meritocracia desde la condición de ministra de Educación no deja de ser una evocación inaceptable.
Silvana Carrixo, diputada JXC
Desde la bancada oficialista, fue María Argerich quien recogió la posta y defendió la política del Ministerio de Educación, explicando el amplio consenso al que llegó la comunidad educativa para esta resolución, que responde a medidas tomadas luego de la pandemia.
“Han trabajado más de 400 personas en esta resolución. En la educación primaria se tiene en cuenta que, para portar las banderas o para ser escoltas, tienen que tener todas las materias aprobadas. Todos los que cumplan con los requisitos de ciudadanía, de respeto, de buen compañero, de ser una persona solidaria, tengan el honor de ser abanderados y escoltas. ¿Esto acaso no es justo? ¿No es justo que todos nuestros niños y niñas tengan el honor y la posibilidad? Para que después en la secundaria, donde el proceso de trayectoria y de formación esté más afianzado, sí entra el promedio académico como requisito”.
María Argerich, diputada FDT
“Hay hoy alumnos en proceso de inclusión que van a poder tener por primera vez la posibilidad de portar, de ser escoltas, de ser abanderados. Eso no es pensar en una sociedad mejor”, concluyó Argerich.
El proyecto volvió a Comisión para ser evaluado.